La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela incoada por una agente oficiosa en favor de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri de Cartagena contra la Alcaldía y la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias.
En su libelo, la accionante indicó que se han vulnerado los derechos fundamentales a la educación, a la integridad personal, a la salud y vida digna de los estudiantes, debido a la negligencia de las partes accionadas en relación con el mantenimiento y adecuación estructural que necesita el colegio.
En su sentencia, la CC colombiana reiteró que la educación es un derecho y un servicio público, y por tanto el estado tiene la obligación de prestar el servicio educativo de manera que la planta física de las instalaciones esté en condiciones de preservar la vida e integridad de sus ocupantes. Así, sostuvo que en este caso convergen tres situaciones distintas en los hechos. Respecto a la primera, afirmó que las condiciones de la infraestructura de la Institución Educativa San Felipe Neri no garantizan la seguridad de los estudiantes, y que a pesar de las múltiples denuncias, la Alcaldía y la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena omitieron de manera sistemática esta problemática y evitaron darle una solución efectiva. En segundo lugar, estableció que las condiciones de salubridad del colegio vulneran los derechos fundamentales de toda la comunidad educativa, ya este se encuentra rodeado por roedores y malos olores que impiden que el desarrollo de las actividades ocurra con un mínimo de dignidad. Por último, se señaló que la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena puso en riesgo la seguridad y dignidad de los menores de edad al implementar un “plan de contingencia” en desacato de una orden judicial.
Por lo anterior, la Magistratura Constitucional colombiana tuteló el derecho a la educación de los estudiantes matriculados en la Institución Educativa San Felipe Neri de Cartagena. Por tanto, ordenó a los accionados reubicar a los estudiantes inscritos al plantel en otras instituciones educativas de Cartagena, y que presten el servicio de transporte y alimentación escolar sin costos adicionales para las familias. Así mismo, ordenó reubicar al personal académico y administrativo del colegio sin desmejorar sus condiciones laborarles y salariales. Por otra parte, ordenó a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen las actuaciones u omisiones en las que eventualmente incurrieron empleados de la Alcaldía de Cartagena, las Secretarías de Educación e Infraestructura de la ciudad, al Establecimiento Público Ambiental (EPA) y al Departamento Administrativo de Salud (DADIS), para determinar las causas y los responsables que han permitido la vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad. Finalmente ordenó la creación de un comité que haga seguimiento a la construcción del megacolegio San Felipe Neri.
Vea texto íntegro de la sentencia.
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