CS revocó sentencia y acoge protección en favor de psicólogo cuya municipalidad empleadora embargó sus remuneraciones.

En fallo unánime, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de La Serena que rechazó la acción de protección deducida por un trabajador dependiente de la Municipalidad de Río Hurtado en contra de la Tesorería General de la República y de la Municipalidad de Río Hurtado. Respecto de la primera, por haber dictado el Tesorero Provincial de Coquimbo, en su calidad de juez sustanciador en autos sobre cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero, una resolución judicial por la que se decreta el embargo sobre las remuneraciones percibidas por el actor; y, en el caso de la segunda, por haber emitido el Decreto Nº 2.420 de 26 de septiembre de 2018, por el que se instruye a su Departamento de Educación materializar el descuento de la remuneración del recurrente ordenada por el Servicio de Tesorería.

El máximo Tribunal expresó en su sentencia que si bien la regla general es la embargabilidad de todos los bienes materiales e inmateriales que siendo apreciables en dinero conforman el patrimonio de una persona (artículo 2498 del Código Civil), nuestro ordenamiento jurídico contempla excepciones a dicha regla, como la inembargabilidad consagrada en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, cuyo N° 2 menciona explícitamente a las remuneraciones de los trabajadores, lo cual guarda armonía con el precepto contenido en el artículo 57 del Código del Trabajo.

El fallo agrega que es preciso considerar que las obligaciones tributarias encuentran su causa, como regla general, en el incremento de patrimonio del deudor, y en el principio de que aquel que recibe más, debe pagar más y contribuir a la redistribución de la riqueza por medio del pago de los impuestos. A su turno, la obligación tributaria está destinada a satisfacer las necesidades financieras de toda la sociedad en aras del bien común, conforme al inciso 4° del artículo 1 de la Constitución Política.