La Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados expone el caso de Vinicio Poblete Vilches. Se relata que 18 años luchando por justicia, tras la muerte de su padre en un hospital público, llevan los hermanos Vinicio y Cesia. 
Se trata del caso de un adulto mayor de 76 años con insuficiencia respiratoria que sufrió negligencia y malos tratos en el Hospital Sótero del Río, de Puente Alto, en la región Metropolitana.
Según los hermanos, su padre estuvo cuatro días en la UCI y luego fue intervenido mientras estaba inconsciente, sin contar con el consentimiento de sus familiares. 
Tres días después que le dieron el alta de manera temprana y sin indicaciones, retornó al centro médico y, pese a que la ficha solicitaba internación en la UCI, fue derivado a cuidados intermedios y no se le facilitó un respirador mecánico, falleciendo el 7 de febrero de 2001.
Al no tener respuesta en la justicia chilena, los hermanos Poblete recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sentenció a Chile por afectar el derecho de salud, convirtiéndose en el primer fallo en 40 años al respecto. 
La sentencia de nueve puntos fue emitida el 8 de marzo de 2018 y fue notificada al Estado chileno el 24 de junio. Pese a que ha pasado más de un año, el fallo no ha tenido eco en el Gobierno.

Consecuencias en los Poblete

Cesia Poblete señaló que la muerte de su padre solo ha traído sufrimiento, con la posterior muerte de su madre y su hermano discapacitado y con la postergación de sus vidas y endeudamiento por seguir con este caso. Agregó que, por su pobreza, han sido discriminados por las autoridades, que no se hacen cargo del dictamen internacional.
“Esperamos que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana, ya que llevamos más de 18 años de nuestras vidas luchando por la muerte de mi padre. Eso es lo que esperamos, porque el Estado no ha cumplido en nada y ya se van a cumplir los plazos-y en otros puntos ya se cumplieron, como la atención sicológica y el acto de disculpas públicas. ¿Yo no sé que está esperando el Estado? Ha alargado nuestro sufrimiento”, recalcó. 
La CIDH condenó por unanimidad al Estado de Chile por vulnerar las garantías básicas de Vinicio Poblete Vilches, en particular, por no garantizar el “derecho a la salud sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes en atención a su situación especial de vulnerabilidad como persona adulta mayor, lo cual derivó en su muerte”. 
Asimismo, señala que el Estado es responsable de violación al derecho a la integridad personal y al consentimiento informado de Vinicio Poblete, así como de violación al derecho a las garantías judiciales y a la integridad personal de su esposa Blanca y de sus hijos Gonzalo, Vinicio y Cesia. 
La Corte añade que el Estado debe entregar disculpas públicas por la muerte de Poblete y atención sicológica a sus hijos, entre otros puntos. 

Preocupación parlamentaria

El diputado Baltolu consideró delicado el caso y señaló que se deben solucionar los problemas en los hospitales. 
“Han sufrido 18 años, según la versión que ellos cuentan. El gobierno chileno, en cinco mandatos, no les dio resultados, tuvieron que ir a la Corte Internacional. Yo no sé si la justicia chilena está analizando el caso, que es muy grave porque es denegación de salud. Si se abre una caja significa que muchos chilenos están en ese estado. Esto es un ejemplo clarísimo para el gobierno, que tiene que solucionar los problemas en los hospitales”, señaló. 
Por su parte, la presidenta de la instancia, diputada Nuyado, dijo que enviarán oficios y supervisarán el cumplimiento del dictamen internacional. 
“Esa sentencia, posteriormente a sus 18 años de lucha que ellos han dado, ha permitido que el Estado chileno debe cumplir con nueve puntos y lo que ellos han sentido es que, a once meses del dictamen de la Corte, ellos no hayan sido escuchados en los Ministerios de Justicia y DD.HH., de Salud y de Relaciones Exteriores, ni en la Subsecretaría de Derechos Humanos”, indicó. 
Cabe señalar que la Comisión ratificará en la próxima sesión el envío de oficios al ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la subsecretaria de DD.HH. y a la Cancillería, para que informen sobre las medidas adoptadas por el Estado respecto a la sentencia de la Corte.

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