Derechos Humanos.
CS acoge recursos de revisión y anula fallos de Consejos de Guerra de Antofagasta y Pisagua en 1974.
El máximo Tribunal acogió la acción especial basado en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile en el caso caratulado "Maldonado Vargas y otros contra Chile", y la sentencia de la Corte Suprema que anuló la resolución del Consejo de Guerra 1-1973, el 3 de octubre de 2016.

En fallos unánimes, la Corte Suprema acogió recursos de revisión y anuló las sentencias dictadas por Consejo de Guerra de Antofagasta y Pisagua en 1974, respectivamente, y decretó la absolución de los ilegalmente condenados, tras establecer que ambas causas fueron falladas con serias infracciones al debido proceso.
El máximo Tribunal acogió la acción especial basado en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile en el caso caratulado "Maldonado Vargas y otros contra Chile", y la sentencia de la Corte Suprema que anuló la resolución del Consejo de Guerra 1-1973, el 3 de octubre de 2016.
Las sentencias sostienen que la recurrente invocó como antecedente nuevo el fallo de 12 de abril de 2014 en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sometió a su jurisdicción el caso ‘Omar Humberto Maldonado Vargas y otros contra la República de Chile'. De acuerdo con lo señalado por esa Comisión, el caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional de Chile por denegación de justicia en perjuicio de los allí sentenciados, derivada de la supuesta falta de investigación de oficio de los hechos de tortura sufridos por ellos durante la dictadura militar. Asimismo, se relaciona con el supuesto incumplimiento continuado de la obligación de investigar, así como con la alegada denegación de justicia derivada de la respuesta estatal frente a los recursos de revisión y reposición interpuestos el 10 de septiembre de 2001 y el 7 de septiembre de 2002, al no haber ofrecido un recurso efectivo a las presuntas víctimas para dejar sin efecto un proceso penal que habría tomado en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura.
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