Diario Constitucional

Violencia innecesaria.

Juzgado de Antofagasta ordena al Fisco indemnizar a padres de joven que murió en procedimiento policial en Calama.

El Tribunal acogió la demanda deducida y ordenó al Fisco pagar a los demandantes la suma de $7.142.428, por concepto de daño emergente, y $100.000.000 por daño moral, a cada uno de los padres de la víctima.

Por Redacción·05 de junio de 2019·3 min de lectura
Juzgado de Antofagasta ordena al Fisco indemnizar a padres de joven que murió en procedimiento policial en Calama.
Referencial

El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $207.142.428 a los padres de Katherine Franchesca Rojas Yáñez, joven que perdió la vida producto de un disparo efectuado por carabinero en servicio en la ciudad de Calama, en julio de 2012.

La sentencia sostiene que sentado en autos la existencia de una acción ilícita por parte del ex Carabinero don Miguel Ángel Díaz Sanhueza, quien actuó con culpa, con negligencia, imprudencia y falta de cuidado en dicho control, la relación de causalidad que debe existir entre el hecho ilícito y el resultado, aparece clara, pues si el funcionario referido hubiese empleado la debida diligencia y cuidado en el control policial, específicamente ante la fuga del vehículo controlado, los daños, lesiones y muerte de la víctima no se habrían producido; por lo que corresponde acoger la demanda en cuanto por ella se demanda el resarcimiento de los perjuicios causados con este actuar indebido y proceder a determinar y analizar la existencia del daño demandado por ambos demandantes, en la especie el daño emergente y daño moral.

La resolución agrega que tal falta personal se encuentra vinculada al servicio pues se ha cometido en el ejercicio del mismo, y de este modo el Estado no puede desatenderse de la falta personal cometida por uno de sus Agentes, pues fue el mismo Estado quien dispuso la intervención de dicho funcionario en el procedimiento policial, asignándole la obligación de ceñirse a la normativa legal y reglamentaria aplicable a todo procedimiento, de modo que la acción desplegada por el funcionario se cometió en el ejercicio de la función, la que se ha ejecutado indebidamente, comprometiendo por lo tanto la responsabilidad estatal.

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