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En respuesta a la publicación.

Amnistía afirma que informe de la Alta Comisionada es contundente en condenar masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Erika Guevara, directora para las Américas del organismo manifestó que «el Gobierno de Maduro no puede esconder las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han cometido bajo su mando, afectando gravemente a la mayoría de las personas en el país y obligando a millones a huir en busca de protección».

8 de julio de 2019

En respuesta a la publicación del informe de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre Venezuela, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que "el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es contundente en condenar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades venezolanas en los últimos años. El Gobierno de Nicolás Maduro no puede esconder las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han cometido bajo su mando, afectando gravemente a la mayoría de las personas en el país y obligando a millones a huir en busca de protección”.
A continuación, precisó que “el informe precisa la condena contra la política de represión emprendida por fuerzas de seguridad, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones por motivos políticos y la tortura, así como las graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que se traducen en la negación generalizada de servicios de salud, falta de alimentos y medicinas, resultado de años de corrupción, desvío de recursos, la falta de mantenimiento en infraestructuras y la subinversión de recursos públicos".
Asimismo, añadió que “el Gobierno de Maduro debe tomar medidas inmediatas para detener las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se siguen cometiendo en el país. Por otro lado, reiteramos nuestra recomendación que se establezca sin demora una Comisión de Investigación bajo la supervisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de investigar imparcialmente las graves violaciones de derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.

 

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