Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 9° del Decreto Ley N° 321, que establece la libertad condicional para los penados.
El precepto impugnado establece: “Para los efectos del presente decreto ley, se entenderá que los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación.”.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación de amparo, de que conoce la Corte Suprema, en que el requirente solicita la libertad condicional en razón del cumplimiento de los requisitos objetivos como son el tiempo mínimo cumplido, su conducta intachable y los requisitos laborales y de educación.
El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría el principio de legalidad penal, pues en el caso concreto, para acceder a la libertad condicional, lo obliga a satisfacer requisitos más exigentes que los que existían al momento de quedar firme la sentencia que lo condenó. Asimismo, considera que se infringió el principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley, pues se ha establecido una diferencia arbitraria, ilegal y que genera efectos concretos de inconstitucionalidad, ya que le impide postular al período de libertad condicional del primer semestre del año 2019.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.
Vea textos íntegros del requerimiento y el expediente Rol N° 6996-19.
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