CS confirmó sentencia que acogió protección por instalación de un canil en las cercanías del domicilio del recurrente.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió protección deducida en contra de la corporación de derecho privado sin fines de lucro denominada “Protección Animal PROANI”.

En relación a los hechos que motivaron la acción constitucional, cabe señalar que el veintiocho de julio de dos mil dieciocho, el recurrente tomó conocimiento, a través de vecinos del sector y por el ruido de los perros, acerca de la instalación de un canil en las cercanías de su domicilio, sin tener mayores antecedentes acerca de quién lo administraba ni quién lo había autorizado. Indica que, desde un principio, el ruido desde la propiedad se hacía ensordecedor. Con posterioridad, se dio cuenta que el canil era administrado por la recurrida, la corporación Protección Animal PROANI, mediante el comodato de una propiedad adquirida por la Ilustre Municipalidad de San Miguel.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física, por cuanto la “exposición de ruidos constantes, altos y molestos, afecta nuestro derecho al descanso, que es fundamental para una correcta salud, sin contar que los ruidos actúan como un estresor, generando un efecto indeseable sobre nuestra salud mental”, al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que se infringe porque se les ha obligado a “vivir expuestos a ruidos constantes, duraderos e intensos que nos han ocasionado molestitas no solo a nosotros, sino a todo el vecindario, tanto de día como de noche, lo que a todas luces es una perturbación a nuestro derecho fundamental como persona” y, al derecho de propiedad, por cuanto el exceso de ruidos les impide usar la propiedad del modo que en derecho corresponde.