En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo económico deducido en contra de la Oficina de Seguridad Privada de Carabineros de Talca, que no autorizó el funcionamiento de empresa de seguridad.
La sentencia sostiene que cabe dejar sentado que el ataque del recurso se centró en que los incumplimientos de que daría cuenta el informe técnico Nº 34, no se encuentran dentro de los requisitos legales para negarle la autorización para funcionar como empresa prestadora de servicios de Seguridad Privada. Sobre el particular, es posible señalar que el referido informe técnico dio cuenta que en relación con el requisito de Idoneidad Moral, habiendo solicitado a la Dirección del Trabajo, el certificado de antecedentes laborales y previsionales de la recurrente, y frente a la solicitud de la actora para iniciar labores como empresa de recursos humanos en materias inherentes a seguridad privada, se constató que presentaba una deuda previsional por la suma de $8.670.044 y multas ejecutoriadas por un monto de $2.290.992, situación que impide acreditarla como tal.
La resolución agrega que sobre la existencia del requisito, cabe señalar que el motivo octavo de la sentencia en revisión contiene suficientes argumentos jurídicos, aludiendo al inciso 1º del artículo 5 Bis del Decreto Ley Nº 3.607 del año 1981, al inciso 6º de la misma norma, concluyendo correctamente que el requisito de idoneidad moral es exigido por la ley a todas las personas que quiera dedicarse a actividades relacionadas con servicios de seguridad privada.
La resolución añade que finalmente, lo que el recurrente refiere como meras opiniones personales de los jueces de la instancia, constituyen fundamentos que han debido considerar para calificar o dar contenido al concepto de ‘falta de idoneidad moral' al tratarse de aquellos conceptos válvula o conceptos jurídicos indeterminados, esto es, aquellos que deben ser llenados de acuerdo a la visión del destinatario del derecho y cuyo contenido dependerá de los cambios sociales y de los sentimientos preponderantes en la sociedad en un momento determinado.
Por último, concluye que sin perjuicio de lo anterior, la recurrida ha hecho presente y así lo ha demostrado, que el requisito en análisis, debe ser evaluado a la luz de determinada información, entre las cuales se cuenta el certificado de la Dirección del Trabajo sobre antecedentes laborales y previsionales cuestionado, lo que se encuentra debidamente publicitado en la página web de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile.

Vea textos íntegros de las sentencias rol 12.394-2019 de la Corte Suprema y de la Corte de Santiago.

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