Con votos disidentes.
CS revocó sentencia que rechazó protección contra Dirección General de Aguas por término anticipado de «contrata» de una funcionaria.
El recurrente invocó el principio de la confianza legítima.

En forma unánime, la Corte Suprema revocó sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó protección interpuesta contra Dirección General de Aguas por dar término anticipado de contrata a funcionaria.
En su escrito, la parte recurrente arguyó que es esta modalidad bajo la cual se desempeñaba en esa repartición pública, desde el 7 de junio del año 2007 y que fue renovada sucesivamente, la última vez, para el año en 2018 con fecha 6 de diciembre del año 2017, hasta el 31 de diciembre de 2018, consignando la autoridad en la resolución recurrida que esta decisión se adoptó por no ser necesarias sus funciones, en atención a la reorganización de la unidad en la que la actora prestaba servicios, sin detallar en qué consistió ni precisar por qué dicha reestructuración afectaba en su puesto de trabajo. Acto que señaló, vulneraría las garantías establecidas en el artículo 19 Nº 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.
En su sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago indicó, en síntesis que, la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley. En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora.
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