Las Comisiones unidas de Constitución y Seguridad Pública del Senado, discutieron la falta de un sistema regulado de control sobre las medidas intrusivas durante la discusión de las indicaciones presentadas al proyecto conocido como “ley corta” antiterrorista.
Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en general por la Sala el 7 de agosto y busca permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. De este modo, se podrían permitir intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos entre otros.
De las 15 indicaciones presentadas, varias de ellas abordan la necesidad de regular legalmente el sistema de control de las pruebas obtenidas con las medidas intrusivas.
El presidente de las Comisiones unidas, senador Harboe, explicó que “se ha planteado que tenemos un problema en el control de esas medidas intrusivas entonces cómo darle esas mismas medidas intrusivas para otros delitos, si sabemos que en los actuales se está haciendo un uso inadecuado”.
Enseguida, dijo que lo más probable es que se presente una propuesta de redacción que contemple las medidas intrusivas para los delitos terroristas y un sistema de control mucho más específico.
El senador comentó que el Ministerio Público remitió la información sobre las interceptaciones telefónicas, que se habían solicitado.
“Se registran cerca de 119 mil interceptaciones de teléfono. Multiplique por cinco o por seis la cantidad de personas involucradas, porque se pincha un número de teléfono, pero ese teléfono habla con 5, 10 o 20 personas… estamos hablando de cerca de un millón de personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas y el problema está principalmente que el Ministerio Público no ha cumplido con la ley, porque la ley dice expresamente que una vez terminada la investigación debe notificar a la persona a la que le interceptó el teléfono y eso nunca ha ocurrido”, indicó el senador.
Agregó que “lo más delicado es que nos enteremos a raíz del caso de Rancagua cuando se allana la casa del fiscal Elgueta se encuentran cd con interceptaciones telefónicas y la pregunta es si los fiscales andan con los cd con las interceptaciones, no será posible de repente que alguien se las robe o que las vendan o que esto sirva para chantajes políticos o chantajes emocionales”.
Durante la sesión, expusieron los expertos en derecho penal María Elena Santibáñez, Juan Sebastián Vera, Raúl Núñez y Jean Pierre Matus, quienes se refirieron a la pertinencia de las indicaciones presentadas a la iniciativa y al proyecto en general.
Para la abogada Santibáñez legislar excepcionalmente solo para el delito terrorista no es bueno, sino que se deberían hacer adecuaciones generales. Planteó que es mejor hacer algunas modificaciones en la propia ley antiterroristas y que sea ese cuerpo legal el que permita la utilización de este tipo de técnicas.
El profesor Vera planteó la necesidad de establecer un sistema de enjuciamiento y sanción que de garantías a todas las personas y planteó que pareciera que es peligroso que un medio de prueba generado por el Estado sea usado luego para generar una imputación y luego una condena. En tal sentido, dijo que podrían establecerse contrapesos, como que no se pueda fundar una condena sólo en estas diligencias.
El profesor Núñez sostuvo que no le parece hacer las modificaciones en el Código, pues ese es el lugar del derecho común y que preferiría modificar la ley antiterrorista y ahí hacer todas las modificaciones correspondientes. También dijo que es fundamental modificar lo relativo a la cadena de custodia de las pruebas pues si esta se vulnera existe una falta de viabilidad probatoria.
Por último, el profesor Matus dijo que no es posible extender el empleo de técnicas de investigación existentes a otros delitos, si no hay medidas de control. En su opinión, hay un uso desmedido de las interceptaciones telefónicas y no se sabe qué ocurre con ellas. Asimismo, señaló que existen problemas con la autorización judicial de estas medidas, las que se pueden solicitar verbalmente.
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