Nuevamente pretenden inaplicabilidad de normas que permitirían aplicar procedimiento de tutela laboral a funcionaria en favor de una abogada en juicio contra Defensoría Penal Pública.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso tercero, del artículo 1, y el artículo 485, del Código del Trabajo.

Los preceptos impugnados establecen, en esencia, la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer de los procedimientos de tutela de derechos fundamentales de los funcionarios públicos.

La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en los que la abogada requirente demandó a la Defensoría Penal Pública por más de 35 millones de pesos, puesto que estima vulnerados sus derechos de integridad física y psíquica y la libertad de trabajo, lo cual le habría causado un daño moral en su dignidad y honorabilidad.