La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó protección deducida en contra de la Contraloría General de la República, por la respuesta entregada a un reclamo administrativo, en donde señaló que el inmueble que, la recurrente actualmente arrienda, era imprescindible para el cumplimiento de los fines del Estado.
En el escrito, se señala haber recurrido de acción de protección en contra de la Contraloría General de la República por la respuesta al reclamo de Referencia Nº 173.157, de 28 de junio de 2019, de la Contraloría General de la República, que no reconoció las resoluciones previas, en donde se disponía que el inmueble, que la recurrente actualmente arrienda, había sido declarado prescindible y se autorizaba su enajenación por compra venta directa conforme a las condiciones estipuladas en la Carta de oferta aceptada por la DGAC, y la resolución N°12/2/0882 de fecha 25 de mayo de 2017 que nombra a la recurrente en el cargo de “Encargada de Oficina de Gestión Administrativa”, señalando las funciones que le corresponden conforme al descriptor del cargo.
La recurrente estimó vulnerados sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.
Enseguida, señaló en la sentencia que, de los hechos expuestos en la presentación no se advierte la existencia de actos o hechos concretos que vulnerarían las garantías constitucionales que la presente acción cautelar protege y que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que se declaró su inadmisibilidad.
Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema Rol N° 22334-2019 y de la Corte de Santiago Rol N° 66074-2019.