La Corte Suprema revoca sentencia y acoge amparo en contra de contra de la Intendencia Regional Metropolitana por dictar orden de expulsión en contra de ciudadana cubana.
Respecto de los hechos, consta que la amparada ingresó por un paso no habilitado al país. Luego, acudió a la Policía de Investigaciones para realizar una “auto denuncia” en virtud de la cual se emite y se le entrega una Tarjeta de Identificación de Extranjero Infractor. El 10 de septiembre del mismo año, presentó una carta en la Intendencia Metropolitana explicando los motivos de su ingreso clandestino, acompañando copia de su certificado de título y de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia de Cuba, copia de la Tarjeta de identificación entregada por la Policía Civil y de su pasaporte, pero la Intendencia estimó que dichos antecedentes no son suficientes para desvirtuar la infracción. Indica que el 28 de febrero del año en curso la Intendencia dicta la Resolución Exenta N° 274, en la que se dispone su expulsión del territorio nacional, invocando la causal del artículo 69 del Decreto Ley N° 1.094 y el artículo 146 del Reglamento de Extranjería, la que le fue notificada el 7 de marzo del año en curso.
En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que según aparece del mérito de los antecedentes la amparada intentó egresar de manera irregular del país, lo que motivó la denuncia correspondiente al Ministerio Público por el delito cometido y, respecto del cual, posteriormente presentó desistimiento de tal acción, evidenciando con ello que no tuvo intención de que fuera indagado el supuesto delito cometido, desde que el desistimiento tiene el efecto de extinguir la responsabilidad penal, no obstante que el artículo 69 del D.L. 1.094, invocado como fundamento legal de la resolución recurrida, impone la medida de expulsión para los extranjeros que intenten egresar clandestinamente o por lugares no habilitados del país, una vez cumplida la pena que la misma norma establece.
Enseguida, el fallo expone que el hecho de haber formulado la autoridad competente el correspondiente requerimiento en contra de la amparada para enseguida, desistirse de él, extinguiéndose consecuencialmente la acción penal hecha valer y luego decretar su expulsión del país mediante la Resolución N° 274 de 28 de febrero de 2019, requiere de una carga argumentativa superior a la meramente formal, como la expuesta en la decisión atacada, que se funda únicamente en las disposiciones legales y reglamentarias que cita, así como en la circunstancia no controvertida del intento de ingreso de la amparada al territorio nacional, por un paso no habilitado.
En virtud de dichas consideraciones, el máximo Tribunal concluyó que la resolución atacada, deviene en arbitraria por ausencia de fundamentos, motivo por el cual la presente acción constitucional es acogida, revocando así la sentencia apelada.
Cabe recordar que el fallo fue acordado con los votos en contra del Ministro Valderrama y del Abogado Integrante Abuauad, quienes fueron del parecer de confirmar la resolución apelada, teniendo únicamente presente que la autoridad administrativa ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, con estricto apego a las normas contenidas en la Carta Fundamental y a la legislación especial establecida en lo pertinente en los artículos 2, 3, 15 N° 7, 17 y 69 del Decreto Ley N° 1.094 de Extranjería y su reglamento, y Decreto N° 818 del Ministerio del Interior, fundando adecuadamente su acto, no afectando a dichas facultades el hecho de existir desistimiento de la acción penal e inexistencia de investigación del mismo, ni tampoco las circunstancias ocurridas con posterioridad al acto impugnado, las que deberán ser planteadas y resueltas, con motivo de la solicitud de regularización de su situación migratoria.
Vea texto íntegro de la sentencia Corte Suprema Rol N° 27.680-2019 y Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 1.880-2019.
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