CIDH presenta el Informe sobre «Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su Informe sobre Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. El objeto del informe es abordar la problemática de los pueblos que habitan esa región a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de derechos humanos.

En este informe, la Comisión contextualiza las complejas transformaciones que impactan al territorio de la Panamazonía donde los derechos humanos de las comunidades han sido afectados por normas, políticas públicas y prácticas enfocadas principalmente en la ampliación de las fronteras extractivas de recursos naturales y en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, los cuales ejercen presiones sobre los territorios ancestrales indígenas y afrodescendientes. Como se analiza, el escenario actual se caracteriza por explotación petrolera y de gas, minería, explotación forestal, uso de recursos genéticos, construcción de represas, oleoductos y gasoductos, pesca y agriculturas industriales, y turismo; así como el establecimiento de áreas protegidas y parques nacionales. Todo lo anterior, sin llevar a cabo procesos de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona, y poniendo en riesgo la supervivencia física y cultural de esos pueblos, así como al medio ambiente.

En ese contexto, el Informe analiza como los proyectos descritos afectan de forma irreversible los sistemas de vida y la identidad cultural de las comunidades y los ecosistemas amazónicos, produciendo la contaminación de ríos y fuentes hídricas, restricciones en el acceso a agua y alimentación; desertificación y deforestación de bosques; pérdida de biodiversidad y áreas naturales protegidas; obstáculos para el desarrollo de prácticas culturales y espirituales; afectaciones a la salud; asesinatos y agresiones a integrantes de pueblos indígenas y tribales; división de comunidades y fractura del tejido social; desplazamientos forzados; dificultades en el acceso a la justicia, que tiene que ver no solo con la ausencia de recursos sino sobre todo con la ausencia de un enfoque intercultural en los sistemas jurídicos nacionales; y criminalización de dirigentes de esos colectivos. También aborda el incremento de actividades ilegales: la creciente presencia del crimen organizado transnacional y la expansión de los cultivos ilícitos, tráfico de drogas y armas, trata de personas, entre otros.