Diario Constitucional

En fallo dividido.

Corte Suprema ordena a Servicio de Salud de O’Higgins costear medicamento para atrofia muscular espinal

El máximo Tribunal estableció que hay actuar arbitrario al negar el financiamiento de del medicamento Spinraza.

Por Redacción·15 de octubre de 2019·4 min de lectura
Corte Suprema ordena a Servicio de Salud de O’Higgins costear medicamento para atrofia muscular espinal
Referencial

En fallo dividido, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió un recurso de protección y ordenó al Servicio de Salud de O’Higgins cubrir el tratamiento de una Atrofia Muscular Espinal (AME) de un niño de 5 años.

La sentencia sostiene que en el indicado contexto, la negativa de la parte recurrida a proporcionar aquel fármaco, único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que aqueja al menor en favor de quien se recurre, aparece como ilegal y arbitraria, y amenaza, además, la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto que, como consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para su sobrevivencia, así como para su integridad física, considerando que la Atrofia Muscular Espinal tipo I que sufre es una enfermedad frecuentemente mortal, que produce la pérdida progresiva del movimiento muscular, y que la administración de la droga tantas veces citada ha sido estimada como esencial para la vida del niño, como surge de los antecedentes agregados a la causa.

Agrega que de lo razonado en los fundamentos que anteceden, ha quedado de manifiesto que, con la negativa de la parte recurrida, fundada en consideraciones de índole económica, se ha incurrido en un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la familia del paciente no se encuentra en condiciones de adquirirlo, de modo que la determinación impugnada en autos no permite el acceso a aquel fármaco, único y exclusivo, para el tratamiento de la patología en cuestión y, en tal virtud, procede que se adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la garantía conculcada y, de esta forma, restablecer el imperio del derecho.

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