La moción de los diputados Del Real, Durán, Jürgensen, Mellado, Pardo, Romeo, Sabag, Schalper y Urruticoechea, busca garantizar el derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación sexual, moral y religiosa que esté acorde con sus propias convicciones.
Al respecto, el proyecto destaca que los distintos Tratados ratificados por el Estado de Chile, ha quedado sentado que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, por lo que el Estado tiene el deber de otorgar especial protección a este derecho.
En ese sentido, indican que el deber de los padres de educar a sus hijos no pueden cumplirlo sino desde sus propias convicciones acerca de lo bueno, lo honesto y lo justo: es imposible que lo hagan de otro modo. Asimismo, tratándose también de un derecho (y un derecho especialmente protegido), los padres pueden exigir que las convicciones en las cuales educan a sus hijos sean respetadas.
En ese contexto, la moción expone que la tendencia moderna en materia educacional es de generar más instancias de participación y empoderamiento hacia los padres y apoderados, además de aumentar los niveles de transparencia e información que ellos reciben de parte de los establecimientos. Además de estar esto reflejado en nuestra legislación desde la perspectiva de los derechos de los padres, un ejemplo reciente de lo anterior corresponde al decreto supremo Nª 67 de 2018, de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, que tiene como principio rector el informar de manera adecuada y previa sobre cuáles son los criterios de evaluación a los que se someterán los estudiantes. .
Posteriormente, el texto complementa que, en atención a todo lo anterior es que el presente proyecto de ley tiene por objeto regular en forma clara la distribución de competencia entre los padres y los establecimientos escolares respecto de la enseñanza formal y la entrega de contenidos por medio de ella, resguardando la primacía de la voluntad de los padres sobre la entrega de contenidos que, en el ámbito específico del desarrollo de la moral, sean contrarios a sus convicciones y al tipo de educación ética que pretenden para sus hijos. En esa línea, el derecho se resguarda por la vía de establecer un deber regulado de información previa del establecimiento educacional a los padres, junto con la posibilidad de optar por abstener de la participación individual de sus hijos en determinadas unidades, al mismo tiempo que mantiene a salvo la prerrogativa de cada establecimiento y del resto de la comunidad de adoptar en conjunto otras decisiones de contenido.
Finalmente, los diputados señalaron que así se busca armonizar de forma adecuada el interés de la sociedad en su conjunto en orden a educar a los estudiantes en pos de su desarrollo personal; la prerrogativa de los establecimientos educacionales en orden a impartir contenidos educativos acordes con sus proyectos educativos institucionales; y el derecho de los padres de dirigir el proceso educativo de sus hijos, en materias morales y religiosas, en forma coherente con sus convicciones, sin interferir en los procesos educativos de otros.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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