CIDH otorga medidas cautelares de protección a favor de operadores de justicia en Guatemala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 23 de octubre de 2019 la Resolución 55/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de la juez Érika Lorena Aifán Dávila. Asimismo, el 25 de octubre de 2019 la CIDH emitió la Resolución 56/2019 a favor de los magistrados José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández, de la Corte de Constitucionalidad. En ambos los casos ha considerado que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Al tomar sus determinaciones, la Comisión tomó en cuenta que los beneficiarios estarían enfrentando una serie de amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias como consecuencia de ciertos casos de alta repercusión mediática, especialmente a la luz del contexto guatemalteco. En particular, se señaló la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en redes sociales y que se habría creado un clima de animadversión en su contra, entre otras injerencias en sus labores como juez y magistrados.

Además de resaltar la aparente ausencia de medidas más concretas para disminuir el clima de hostilidad en contra de los beneficiarios y estrategias tendentes a respaldar institucionalmente su labor, la Comisión consideró que, con base en la información aportada por las partes, la juez y los magistrados todavía seguían en una situación de grave riesgo, máxime habida cuenta del avance de las causas a sus cargos y el posible aumento de los ataques en su contra.