En un reciente documento, LyD reflexiona sobre la idea de que valdría la pena que todos los actores públicos comenzaran a moderar el discurso y sus planteamientos tanto en torno a aquellas cuestiones interpretables del Acuerdo -justamente para dar espacio y honrar a las instancias que ellos mismos previeron para regular las cuestiones procedimentales, reglamentarias y detalles técnicos- así como también sobre el rol que le cabe a una Carta Fundamental, distinguiéndolo del que le corresponde a las políticas públicas que se desarrollan en democracia a partir de la ley fundamental de una nación.

En el referido artículo, se indica que sin perjuicio de la materialización de buena fe del acuerdo en los próximos días, resulta prioritario que la clase política dé señales concretas en torno a la condena a la violencia que ha acompañado todo el proceso de los acuerdos adoptados por las fuerzas políticas, en diversas materias, tras el 18 de octubre pasado. Lo anterior, toda vez que pareciera instalarse que parte de la clase política tolera la violencia como medio para lograr objetivos políticos, lo que resulta inaceptable.

Enseguida, el documento argumenta que, en este sentido, es preciso que los actores políticos en el Congreso den pasos decididos en esta dirección para superar la condena retórica a la violencia y pasar a una que se traduzca en instrumentos efectivos para combatirla. Lo anterior es fundamental para la vida en democracia, sobre todo en un contexto en que se inicia un camino constituyente que debe desarrollarse en un clima alejado de las presiones que envuelve la violencia y el extremo desorden público.

A continuación, los autores agregan que, así, una prioridad de la agenda pública, junto con la agenda social, la constituyente y otras que se han anunciado en otros temas, debe ser el garantizar a la ciudadanía el resguardo del orden público.

Conforme a lo anterior, LyD concluye manifestando que más allá que la violencia no debe normalizarse bajo ningún punto de vista, resulta inconcebible la participación en procesos plebiscitarios y eleccionarios (no sólo de constituyentes sino de otras autoridades públicas en 2020) en condiciones de grave alteración del orden público y seguridad, en que se corre el riego de afectar indebidamente las votaciones y elecciones que tengan lugar y, además, el trabajo de la Convención que ha de redactar la nueva Constitución.

Vea texto íntegro del documento.

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