El texto propone una agenda de reformas para hacer frente a los problemas que exhibiría el régimen actual de control disciplinario sobre las infracciones a la ética profesional de los abogados y su repercusión en la formación de quienes estudian la carrera de derecho.
El trabajo diagnostica el estado de esta materia hoy en Chile. Por una parte, trata lo que se califica como “estado de ebullición” (denuncias e investigaciones de alto impacto público en contra de fiscales del Ministerio Público y jueces por faltas a la probidad) y, de otra, a las acotadas vulneraciones al derecho cometidas por abogados en el ejercicio de la profesión (en contraste con la generalizada y ya tradicional crítica a las competencias técnicas de los abogados).
Enseguida, observa que la respuesta gubernamental y judicial ha enfatizado para preservar la ética en el sistema de nombramiento de jueces y fiscales, pero no ha prestado atención a las etapas previas de educación de los futuros abogados en los estándares de conducta profesional ni en el control disciplinario frente a conductas antiéticas cometidas por los abogados en general —un universo de profesionales considerablemente más numeroso que el de jueces y fiscales—.
Lo anterior en un escenario marcado por dos constantes (la afiliación voluntaria y la masificación de la profesión legal). En vista de ello se debe avanzar introduciendo requisitos formativos en ética profesional y reformar la actual regulación de la ética profesional aplicable al ejercicio de la abogacía en Chile.
La publicación analiza el debate que sobre la materia se ha planteado durante 2019, situado en su contexto histórico.
Enseguida describe los problemas de la regulación en materia de ética de la abogacía (una legislación confusa, errática práctica jurisprudencial y cuestionamientos por parte de la literatura), y en las consecuencias de tales déficits (lesionan, entre otros, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la efectividad de los mecanismos de responsabilidad profesional, la certeza jurídica para los prestadores y usuarios de servicios legales y la formación de los abogados).
También sugiere cambios en la formación ética de los abogados y en la institucionalidad encaminadas a prevenir y reprimir, si fuere del caso, las infracciones éticas en que se incurra en el ejercicio de la profesión.

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