CS acogió casación e hizo lugar a demanda por reparación de daño ambiental estableciendo responsabilidad de propietarios por actuación de sus arrendatarios.

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo e hizo lugar a una demanda por reparación de daño ambiental, estableciendo la responsabilidad de los propietarios sobre la actuación que sus arrendatarios realizaron sobre un predio, con resultado dañoso para el medio ambiente.

Cabe recordar que el proceso se inició por medio de una demanda en juicio sumario de reparación por daño ambiental, interpuesta con fecha 31 de octubre de 2012, ante el 24° Juzgado Civil de Santiago en contra de la sociedad Carlos Rodrigo Varela Basterrica y Cía Ltda., quien obtuvo por medio de la Resolución N°4160 de 2004, una autorización sanitaria para la disposición de residuos no peligrosos en la Parcela 6 B, lo cual incluía escombros de la construcción, tierra, estabilizado natural y material de escarpe de caminos. No obstante, se constató durante el proceso que, a través de su arrendatario, a disponer residuos no autorizados, entre los cuales es posible mencionar, restos de podas, neumáticos, planchas de zinc, filtros de aire y de aceite, tarros de pintura, escorias de fundición de plomo, botellas plásticas de productos químicos y láminas de asbesto, lo cual provocó un grave daño ambiental a los componentes suelo, agua y valor paisajístico del sector. Este daño se agravó por la intervención del cauce del estero Los Perros, derivado de su desvío y acumulación de material sobre el mismo.

En su sentencia, la Corte Suprema estableció la responsabilidad que le cabe a los demandados Carlos Varela y la Sociedad Carlos Valera, en calidad de propietarios del inmueble objeto de litigio, declarando, para estos efectos, una falta a los deberes de vigilancia y cuidado incurrido por estos. En efecto, si bien la actividad estaba siendo ejecutada por arrendatarios del predio, el fallo adujo que los propietarios del inmueble arrendado tenían en las herramientas jurídicas la posibilidad de poner término al contrato de arriendo, cuestión que no realizaron porque producto de su omisión culpable, según ellos aducen, ni siquiera se enteraron del mal uso del inmueble.