En fallo dividido, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar acogió protección deducida por ciudadano cubano en contra de la Gobernación Provincial del Cachapoal, quien a través del departamento de extranjería y migración denegó al recurrente la posibilidad de iniciar proceso de regularización migratoria.
La sentencia del máximo Tribunal señaló que, de los antecedentes que obran en la causa es posible afirmar que el recurrente ingresó al país por paso no habilitado en el mes de abril del año 2018 y que un año después procedió a autodenunciarse ante la autoridad migratoria, junto con solicitar se abriera su proceso de regularización a su situación en el territorio nacional.
Agrega la sentencia de la Corte Suprema que, no es efectiva la alegación de la autoridad migratoria, pues si bien existen diferencias en las fechas que señala el recurrente son diversas en su solicitud y en el recurso de marras, existe la posibilidad de que el actor hubiese incurrido en imprecisiones en su actuar, por lo que debe aplicarse lo establecido en la Ley 19.880 respecto a la posibilidad de aplicar el principio de contradictoriedad de tal procedimiento administrativo pues si no se le permite al solicitante subsanar tales imprecisiones, la administración tendría un privilegio en su actuar sobre los ciudadanos. De esta forma, esta alta magistratura ordenó a la división de extranjería de la PDI tener presentado dentro de plazo la solicitud del ciudadano cubano, para todos los efectos legales.
La decisión fue acordada con el voto en contra del abogado integrante, señor Munita, quien estuvo por confirmar el fallo de alzada en virtud de sus propios fundamentos.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema Rol Ingreso N° 20.494-2019 y de la Corte de Apelaciones Rol Ingreso N° 4534-2019.
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