CS confirma sentencia que rechazó protección de miembros de comunidad indígena contra ENEL por celebrar mesas de trabajo con otras personas que no tendrían propiedad de terrenos inundados.

En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó protección deducida por 14 personas identificadas como pertenecientes a la Comunidad indígena Aukin Waümapu, en contra de la compañía ENEL, a quien denuncian por haber firmado un acuerdo de transacción con ellas y al mismo tiempo iniciar mesas de trabajo con otras personas que no tendrían la propiedad sobre un terreno ancestral que se pretende inundar para la instalación de un complejo de generación de energía.

Los recurrentes denuncian que el 3 de febrero de 2017 celebraron una transacción con la empresa ENEL Generación Chile S.A., en donde fueron individualizados y compensados como legítimos deudos de difuntos sepultados en el denominado «Sitio 53», que actualmente se encuentra inundado para la construcción en su momento de la Central Ralco. En dicho acuerdo, se pactó el pago de $24.000.000 a cada una de las familias firmantes, proporcionados en el tiempo y forma allí descritos, y la mantención de una buena relación de vecindad con la empresa, poniendo término al conflicto originado por la referida inundación. En este contexto, la recurrente señala que los firmantes del acuerdo, serían los únicos legitimados para constituirse en beneficiarios del mismo. No obstante ello, ENEL habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario, dado que actualmente se encuentra celebrando mesas de trabajo y acuerdos con personas naturales y/o comunidades indígenas que no formaron parte de la transacción señalada en el párrafo precedente.

En su razonamiento, la Corte de Concepción señaló que en la especie se trata de una controversia entre partes, desde que la recurrente -por las razones que detalla estima que los firmantes del acuerdo, serían los únicos legitimados para constituirse en beneficiarios del mismo. No obstante, ENEL habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario, dado que actualmente se encuentra celebrando mesas de trabajo y acuerdos con personas naturales y/o comunidades indígenas que no formaron parte de la transacción señalada en el párrafo precedente. Añade en su sentencia el máximo Tribunal que no es este recurso la vía idónea para resolver la controversia surgida entre recurrente y recurrido, la que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata;