CS acoge amparo contra Quinto Juzgado de Garantía de Santiago que se negó a abonar a condena actual el tiempo en el cual el recurrente estuvo en prisión preventiva por imputación previa que terminó con su absolución.

En fallo dividido, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en su lugar acogió protección deducida por recurrente que fue condenado a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de robo con intimidación, frente a la negativa del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago a abonar a dicha pena, el tiempo en el cual el actor estuvo en prisión preventiva previamente por una imputación penal que terminó con su absolución de los cargos que se le formularon.

En su sentencia, el máximo Tribunal señaló que, de los antecedentes que obran en la causa es posible advertir que, el objetivo global de la Reforma Procesal Penal comprende una maximización de las garantías en materia de derechos fundamentales frente al ius puniendi estatal, con especial énfasis en diversos principios, como el in dubio pro reo. Por ello, agregan los altos magistrados en su decisión que las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar derechos fundamentales de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio o restricción a su libertad, como ocurre con el abono pedido por el amparado, conforme a las características ya descritas; lo que está en concordancia con la garantía que reconoce el artículo 19, N°7 de la Constitución y con la norma del artículo 5° del Código Procesal Penal

Luego, exponen los supremos magistrados que del análisis de la normativa aplicable al caso, estos son el artículo 348 del Código Procesal Penal citado en el recurso de amparo y apelación, así como en la sentencia en alzada; al igual que el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales y 26 del Código Penal; obligan todos a consignar, en primer lugar, que la resolución del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, se basa fundamentalmente en que no puede aceptarse el abono solicitado por cuanto no se satisface la exigencia contenida en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, pues una de las sentencias resulta condenatoria mientras que la otra es absolutoria.