Diario Constitucional

En fallo unánime.

TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma que permitiría a juez laboral estimar hechos como tácitamente admitidos en caso de que demandado no los negara expresamente.

En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional que la normativa es homologable a la existente en materia civil en juicio de lato conocimiento, donde al no existir controversia el juez está facultado para tener por admitidos los hechos dado que no existe controversia en cuanto a ellos.

Por Redacción·15 de marzo de 2020·3 min de lectura
TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma que permitiría a juez laboral estimar hechos como tácitamente admitidos en caso de que demandado no los negara expresamente.
Referencial

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 453 N° 1, inciso séptimo y N° 5 del Código del Trabajo.

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de nulidad, en los que la Municipalidad requirente es demandada por una exfuncionaria que pretende el reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones.

El requirente estimaba que los preceptos impugnados infringían el debido proceso, toda vez que en el caso, para dar por acreditado los hechos fundantes de la demanda, se han dado una serie de normas que establecen presunciones legales, lo que se ha traducido en la práctica en que el demandante ha dado por acreditados los supuestos de hecho de su demanda sin desplegar la actividad idónea para dichos fines, lo que a juicio de la requirente constituye una vulneración del aspecto del debido proceso considerado como el principio de valoración razonable de la prueba, el que se traduce en que en el proceso, debe excluir la libre convicción del juzgador, el cual tiene, por el contrario, la potestad y obligación de valorar la prueba recibida conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad pero la someten a criterios objetivos, por lo tanto invocable para impugnar una valoración arbitraria o errónea, lo que no ha ocurrido en este caso, desembocando en una colisión entre las normas mencionadas y el derecho al debido proceso.

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