Diario Constitucional

En fallo unánime.

Corte de Coyhaique declara inadmisible recurso que buscaba decretar cuarentena en la región por COVID-19.

El Tribunal de alzada estableció que las medidas solicitadas son de potestad exclusiva y privativa del Poder Ejecutivo.

Por Redacción·26 de marzo de 2020·2 min de lectura
Corte de Coyhaique declara inadmisible recurso que buscaba decretar cuarentena en la región por COVID-19.
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En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró inadmisible el recurso de protección presentado en contra el Jefe de la Defensa Nacional para la Región de Aysén, Joaquín Morales Burotto, y el Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, y que buscaba la imposición de cuarentena por 14 días en la región para evitar la propagación del coronavirus.

La sentencia sostiene que si bien los hechos en que se funda el recurso son de público conocimiento, lo cierto es que la petición de la recurrente, en orden a decretar una cuarentena por 14 días en nuestra Región, corresponde al ejercicio de las políticas públicas que se adopten para enfrentar la crisis sanitaria que se vive actualmente en el país, que por cierto incluye la Región de Aysén, de potestad exclusiva y privativa del Poder Ejecutivo, a través de las autoridades sanitarias, de acuerdo a las facultades y atribuciones que propias que le han sido entregadas a ésta por la ley, no siendo procedente que esta Corte, en sede de protección constitucional, determine la forma en que pueda compelerse a dicha autoridad a adoptar decisiones técnicas y profesionales propias de su especialidad y que afectan o afectarían la salud pública de los habitantes de la Región de Aysén.

La resolución agrega que al respecto no puede obviarse, que el recurso de protección ha sido establecido como una vía rápida y expedita para solucionar o resguardar situaciones de hecho que requieren pronto remedio y que sean protegidas en el catálogo de las garantías constitucionales, pero esta acción constitucional no es el medio idóneo para pronunciarse sobre la legalidad o arbitrariedad de una eventual omisión de parte de la autoridad administrativa competente encargada y responsable de la salud pública nacional.

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