TC se pronunciará respecto de admisibilidad de inaplicabilidad que impugna norma que restringiría excepciones en juicio ejecutivo en el que la Contraloría General de la República es ejecutante.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 127, inciso final, de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

La gestión pendiente incide en autos ejecutivos, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Talca, en los que los requirentes opusieron excepciones en demanda ejecutiva interpuesta por la Contraloría General de la República.

Al efecto, cabe recordar que los requirentes estiman que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que se imita de manera drástica el racional y justo procedimiento, haciendo casi ineficiente la tramitación de los autos primitivos, causando de esta forma un grave perjuicio a los requirentes, ya que se le impide presentar excepciones debidamente fundadas, las cuales esta parte está segura serán acogidas por el juez. Asimismo, agregan que la disposición recurrida es del todo desproporcionada, pues limita la posibilidad del juez de revisar la legalidad de las actuaciones de la Contraloría General de la República y el cumplimiento de la normativa imperante en la dictación de la sentencia ha sido dictada por el propio acusador, es decir juez y parte.