La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM) difundieron esta mañana una declaración pública en la que instan a las autoridades a asegurar la vida y la salud de las personas privadas de libertad, en la actual emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 que afecta al planeta.
Este llamado se suma a las declaraciones que, a favor de las personas privadas de libertad, han emitido, en los últimos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El hacinamiento y las malas condiciones de higiene de la mayoría de los recintos penales de la región, sumado a las imposibilidades de acceder a sus derechos de salud e información, de manera eficaz y oportuna, transforman a estos lugares en potenciales focos de contagio que pueden llevar a la muerte u ocasionar daños irreversibles en las personas.
Por lo anterior, ambas entidades instan a todas las defensorías públicas de América Latina a redoblar sus acciones y a realizar los máximos esfuerzos, para que se haga un uso restrictivo de la aplicación de la prisión preventiva y promover la sustitución de esta medida por la de arresto domiciliario total. 
Cabe recordar que, a mediados de marzo pasado, los defensores penales públicos de Chile iniciaron una ofensiva de acciones coordinadas, simultáneas y conjuntas ante los tribunales de todo el país solicitando el cambio de la medida de prisión preventiva y su sustitución por la de arresto domiciliario total, para aquellos imputados privados de libertad pertenecientes a grupos vulnerables como son los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos lactantes.
A la fecha, cerca de 2000 solicitudes de defensores han sido acogidas por la Justicia, en un intento por descomprimir los recintos penales y evitar contagios masivos. Esta iniciativa se suma a la de indultos conmutativos para internos condenados de baja peligrosidad y pertenecientes a grupos de riesgo, impulsada por el Gobierno, y a las libertades condicionales revisadas en abril, lo que en total permitió que cerca de 4000 privados de libertad abandonaran los recintos carcelarios. 

Adolescentes infractores 

En su declaración, las defensorías públicas de la región también hicieron llamados a evitar “al máximo posible” el uso de medidas socioeducativas de privación de libertad o equivalentes para los menores infractores de ley, mientras se mantenga la alerta sanitaria.
También solicita a los defensores públicos, desarrollar acciones administrativas y judiciales que permitan que se revisen las penas de los condenados para lograr su cumplimiento en un medio libre. En el caso de las personas que deban mantenerse privadas de libertad, instan a sus defensores a intensificar su resguardo a través de la interposición de acciones constitucionales de hábeas corpus y otros mecanismos idóneos para asegurar sus derechos a la vida, la integridad personal y el acceso a la salud.
En este sentido, piden a las autoridades responsables de la administración de los recintos carcelarios a adoptar todas las medidas necesarias para el debido resguardo del derecho a la vida de estas personas para “reducir el riesgo de muerte por el contagio del virus y evitar su propagación, para no transformar la emergencia sanitaria en una emergencia carcelaria de proporciones insospechadas”.
“Como defensores públicos, enfrentamos un desafío que nos demanda esfuerzos adicionales para evitar una tragedia mayor. Por medio de esta declaración, los integrantes reafirmamos nuestro compromiso con las obligaciones internacionales de derechos humanos, que orientan nuestro actuar como defensorías públicas de la región”, recalca la declaración y recomienda a sus pares considerar la declaración de la CIDH, del 9 de abril de 2020. 

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