Recurso de protección acogido.
Excede competencia de la Corte revisar los Protocolos de Seguridad lo que corresponde a la autoridad sanitaria, sin perjuicio de que está obligada a resguardar la integridad física, psíquica y vida de los funcionarios.
Por ello, está en el deber de instruir al hospital que adopte o, en su caso, refuerce las medidas necesarias para un cumplido resguardo de su salud que aminore el riesgo de contagio.

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección interpuesto por funcionarias del Hospital Base de esa ciudad, en resguardo de su derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y del derecho a la igualdad y no discriminación.
Sostienen que están en contacto directo con pacientes de la institución médica y en riesgo inminente de contagiarse con el virus Covid-19, y que pese a sus reiteradas solicitudes se han negado a proporcionarles elementos de protección básicos como mascarillas y guantes. Solicitan la adopción de las providencias que se juzguen necesarias para que la recurrida disponga las acciones que aseguren la debida protección de sus derechos proporcionándoles a ellas y a sus colegas de trabajo los elementos básicos para asegurar la protección de su salud, al encontrarse expuestos a contagio inminente por tener trato directo con los usuarios del hospital.
Informando el recurrido, expone que es efectivo que las recurrentes atendieron a una paciente sin que existiera a su respecto sospecha de Covid-19 utilizando los elementos de protección adecuados a la patología, y aclara que no es efectivo que sólo se les proporcione elementos de protección ante la confirmación de casos Covid-19, los que ciertamente se han tornado escasos por la demanda mundial, y que se ha dado estricto cumplimiento a los protocolos de manejo de pacientes con el virus referido, en cuanto a ropa especial y elementos de protección que debe usar el personal sanitario. Siempre ha puesto a disposición de los servicios clínicos los elementos de seguridad de salud, por lo que no advierte la existencia de una omisión ilegal o arbitraria, que haya afectado alguna de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes
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