BID: Violencia familiar ¿Cómo puede la policía averiguar qué pasa al otro lado de la puerta?

La situación excepcional que vivimos con la pandemia del COVID-19 ha acentuado la situación de vulnerabilidad que viven determinados colectivos. El estado de confinamiento puede provocar que la violencia familiar contra mujeres, niños y ancianos aumente considerablemente. Y, lo que es peor, que se reduzcan sus posibilidades de pedir ayuda. En este contexto, más que nunca se hace imprescindible aumentar los esfuerzos para proteger a los grupos con mayor vulnerabilidad.

Los ataques contra colectivos vulnerables son una lacra en toda la región de América Latina y el Caribe. Una de cada tres latinoamericanas sufre violencia a lo largo de su vida. Sólo en 2018, 3.800 mujeres murieron víctimas de feminicidios. Según Unicef, la mitad de los niños de nuestra región reciben castigos físicos de manera regular por parte de sus cuidadores. En el caso de los adultos mayores, los abusos podrían estar afectando hasta a un 30% de esa población.

Desde que comenzaran las medidas de contención del COVID-19, muchos países han experimentado un aumento en los casos de violencia de género. Las llamadas al teléfono de emergencia han subido un 80% en el caso de Colombia, un 43% en Perú y un 20% en México. La situación que hoy vivimos tuvo un precedente similar en México con la epidemia de gripe en 2009. En aquel entonces escuelas y oficinas públicas también cerraron y se constató un crecimiento de la violencia intrafamiliar.