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BID: Violencia familiar ¿Cómo puede la policía averiguar qué pasa al otro lado de la puerta?

Tecnología, datos, factor humano y facilitación de denuncias son las propuestas del artículo del Banco Interamericano de Desarrollo.

27 de mayo de 2020

La situación excepcional que vivimos con la pandemia del COVID-19 ha acentuado la situación de vulnerabilidad que viven determinados colectivos. El estado de confinamiento puede provocar que la violencia familiar contra mujeres, niños y ancianos aumente considerablemente. Y, lo que es peor, que se reduzcan sus posibilidades de pedir ayuda. En este contexto, más que nunca se hace imprescindible aumentar los esfuerzos para proteger a los grupos con mayor vulnerabilidad.
Los ataques contra colectivos vulnerables son una lacra en toda la región de América Latina y el Caribe. Una de cada tres latinoamericanas sufre violencia a lo largo de su vida. Sólo en 2018, 3.800 mujeres murieron víctimas de feminicidios. Según Unicef, la mitad de los niños de nuestra región reciben castigos físicos de manera regular por parte de sus cuidadores. En el caso de los adultos mayores, los abusos podrían estar afectando hasta a un 30% de esa población.
Desde que comenzaran las medidas de contención del COVID-19, muchos países han experimentado un aumento en los casos de violencia de género. Las llamadas al teléfono de emergencia han subido un 80% en el caso de Colombia, un 43% en Perú y un 20% en México. La situación que hoy vivimos tuvo un precedente similar en México con la epidemia de gripe en 2009. En aquel entonces escuelas y oficinas públicas también cerraron y se constató un crecimiento de la violencia intrafamiliar.

¿Cómo prevenir la violencia dentro del hogar cuando la gente está obligada a estar en casa más que nunca?

Policía, hospitales, colegios… Más datos para dibujar el mapa de la violencia familiar
Para poder abordar la emergencia de hoy y la problemática de fondo en torno a la violencia familiar se necesitan mejores datos. Sin ellos, las políticas públicas pierden focalización y, por ende, efectividad y eficiencia. No todos los perpetradores de violencia familiar tienen la misma agresividad o capacidad de infligir daños, ni todas las víctimas son igual de vulnerables. Se requieren más y mejores datos para fortalecer las herramientas de valoración de riesgos e identificar a los perpetradores potencialmente más peligrosos e identificar aquellas personas que están en mayor peligro.
Una serie de estudios del Reino Unido revelaron el escaso poder predictivo de la mayoría de las herramientas de evaluación de riesgo para perpetradores de violencia doméstica. En muchos casos se advirtió que los agresores no tenían en su contra denuncias previas por este tipo de delito. Otros indicadores en principio menos intuitivos, sin embargo, mostraron mayor correlación con conductas de agresión –por ejemplo, las tendencias suicidas de los victimarios.
Para mejorar la focalización en los agresores de mayor nivel de riesgo es imprescindible levantar de forma rigurosa información no solo a nivel policial, sino también en otros sectores como el sanitario o el ámbito laboral para identificar de manera temprana a posibles agresores.

Facilitar las denuncias
Otro gran problema que impide la intervención preventiva más focalizada es la elevada cifra de casos de violencia familiar que no llegan a denunciarse. Eso limita la posibilidad de las policías de conocer mejor las circunstancias que rodean este delito. Las denuncias proporcionan información clave para la valoración del riesgo de victimización.
América Latina y el Caribe está dando importantes pasos en la recolección de información sobre violencia dentro del hogar. Por ejemplo, se están desarrollando bases de datos compartidas que permitan crear protocolos unificados para atender casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Argentina cuenta un registro que permite tener constancia a nivel nacional de la existencia de una denuncia por violencia doméstica en alguna de las provincias del país. Por su parte, Uruguay y la provincia brasilera de Ceará están trabajando en el desarrollo de algoritmos basados en herramientas de machine learning para aprovechar los datos disponibles y dar pistas a las policías de qué víctimas están en mayor riesgo.

El rol de la tecnología
La tecnología es la gran aliada para facilitar el reporte a las autoridades de casos de violencia familiar en un momento en el que se han reducido las posibilidades de denunciar presencialmente. Varios países han reforzado sus líneas telefónicas de atención ciudadana, han habilitado correos electrónicos y números de WhatsApp para canalizar de forma más efectiva las peticiones de ayuda. Éste es el caso de Chile o de la policía judicial de varios estados en Brasil, donde las victimas denuncian los hechos e incluso pueden enviar fotos probatorias sin necesidad de desplazarse a una comisaría. En España, la policía incorporó un botón de pánico a la app policial, que, cuando se activa, avisa automáticamente de la localización de la víctima a la dependencia más cercana.
Hay que adaptar los planes de contingencia a este nuevo contexto. Eso supone también recurrir a la justicia online para iniciar acciones legales o establecer medidas de protección. En Uruguay, por ejemplo, la capacidad de supervisión de las órdenes de alejamiento con dispositivos de monitoreo electrónico, que inició en 2013, se va a ampliar en un 50% en las próximas semanas para absorber el repunte en la violencia doméstica.

Componente humano para atender un problema humano
Las herramientas tecnológicas solo pueden representar un refuerzo para la atención humana que requiere un problema fundamentalmente humano. La calidad del trato de los policías hacia las víctimas, la contención inmediata de los perpetradores, así como la activación de redes comunitarias, son acciones claves para facilitar la denuncia y mitigar el daño socioemocional de la violencia intrafamiliar.
En varios estados brasileños funcionan desde hace casi una década las patrullas María da Penha. Estos equipos se dedican especialmente a atender denuncias de violencia machista y su trabajo ha sido capaz de generar una confianza imprescindible entre las víctimas. Acciones de contacto preventivo así son esenciales para proteger a los colectivos vulnerables, pero pueden verse mermadas como consecuencia de las órdenes de confinamiento y distanciamiento social promulgadas en el contexto de la actual pandemia. Otro de los puntos de actuación son las casas de acogida, que dependen en muchas ocasiones del trabajo de voluntarios que podrían quedarse en casa debido al confinamiento.
Ampliar el enfoque de trabajo y dirigir las acciones hacia los agresores también es un punto crítico. En Paraguay se están diseñando programas de trabajo socioemocional con hombres que han sometido a violencia a sus parejas o familiares. También se han lanzado campañas que aspiran a cambiar actitudes y crear conciencia de la problemática.

Soluciones multisectoriales
La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto todavía con más énfasis que combatir la violencia dentro de las familias exige un gran nivel de coordinación entre diferentes organismos: Servicios sociales, justicia, sanidad, policía y agentes de apoyo laboral, educacional y habitacional… La violencia intrafamiliar es un fenómeno que trasciende a la pandemia, pero sin duda la emergencia sanitaria y económica han agudizado sus terribles consecuencias. 

Vea texto íntegro del artículo del Banco Interamericano de Desarrollo.

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