Expresan su preocupación ante la militarización de la policía en los Estados Unidos.
Expertos de la ONU y la OEA condenan el uso de la fuerza contra los periodistas que cubren las protestas en los EE.UU.
Los garantes para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron un comunicado en conjunto.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, emitieron una declaración conjunta el día 08 de junio de 2020, en la que señala han recibido decenas de testimonios de periodistas atacados, acosados, arrestados y detenidos mientras realizaban su trabajo cubriendo las protestas contra el racismo sistémico y la violencia policial en los Estados Unidos.
Las fuerzas del orden público, indica la declaración, tienen el deber de garantizar la seguridad de los periodistas que cubren las protestas y de garantizar el derecho del público a buscar y recibir información sobre estas movilizaciones sociales, ya que la prensa desempeña una función esencial de control público en las sociedades democráticas.
Ante ello, comunican a todas las autoridades públicas de los Estados Unidos de América tres puntos, en primer lugar, que las autoridades federales, estatales y locales deben brindar a los trabajadores de medios de comunicación el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente. Esta obligación incluye tanto el deber de evitar el uso o amenaza de la fuerza pública contra los periodistas como también el deber de protegerlos contra amenazas y violencia cometida por parte de terceros. El uso de la fuerza letal o de medios menos letales contra los trabajadores de medios de comunicación por el ejercicio de su labor está prohibido en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y es contrario a los estándares aplicables a la función policial. Indican que quienes violen esas normas deben estar sujetos a mecanismos de rendición de cuentas y a procesos disciplinarios.
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