El Tribunal de alzada capitalino conociendo de una orden de no innovar en el marco del plan humanitario de regreso a Colombia planteado por el Gobierno, resolvió que «no deberá exigirse a las personas que se acojan al plan humanitario, el compromiso de no volver a Chile dentro de los 9 años siguientes y quedar sujeto a la prohibición de ingreso».

El pronunciamiento de la Corte de Santiago se produjo luego que un grupo de ciudadanos colombianos interpusiera un recurso de amparo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y quienes resulten responsables.

En el libelo se señala que “el Gobierno chileno exige que las personas que deseen viajar a Colombia lo hagan siempre que, entre otras cosas, firmen una declaración jurada en la que aceptan se les imponga una prohibición de ingreso al país después de su salida».

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