Recientemente, el Abogado australiano, Julian R. Murphy, publicó un artículo en el que analiza a la luz del caso Hocking v. Director General of the National Archives of Australia, la jurisprudencia asentada por la Corte Suprema australiana sobre las convenciones constitucionales y su inexigibilidad de cumplimiento ante los tribunales, pero sí su reconocimiento para propósitos especiales.
Así, explica el autor, que el Tribunal Supremo australiano, recientemente, fue llamado a reconocer una convención constitucional. El caso se refería a la solicitud de un historiador a los Archivos Nacionales de Australia, para acceder a 211 cartas intercambiadas entre la Reina y el Gobernador General de dicho país, en la época en que se destituyó al Primer Ministro Gough Whitlam, en contexto de una crisis constitucional que vivió el país durante 1975.
La decisión de la Corte, podía tener ramificaciones en el carácter confidencial de la correspondencia de la Reina mantenida con los Reinos de la Commonwealth. Lo que es más importante, sentencia el abogado, el caso muestra cómo la legislación nacional que resguarda la libertad de información, puede primar sobre las convenciones constitucionales y los “deseos de la reina”.
En específico, señala que se alega que la Reina considera que la comunicación entre ella y el Gobernador General se encontraba protegida por una convención constitucional de confidencialidad. Sin embargo, esta convención constitucional sólo fue considerada respecto de circunstancias legales muy particulares.
Así, indica el artículo, la decisión en este caso, vino a recalcar que cuando la convención constitucional y la legislación entran en conflicto, prevalece esta última, especialmente cuando se dificulta la prueba que corrobora dicha convención. En definitiva, concluye, el caso tiene la importancia de ilustrar la relativa libertad que tienen los Reinos del Commomwealth para legislar sobre asuntos de acceso a información de la Corona, incluso en mayor medida que en la misma legislación inglesa.
Vea texto íntegro de la columna y de la sentencia Hocking v. Director General of the National Archives of Australia.
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