CS señaló que frente a un caso de silencio negativo que implicó que, ante la omisión de respuesta oportuna por parte de la Administración, la petición debió entenderse rechazada.

Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducida por la Unión de Trabajadores Portuarios de Arica en contra de la sentencia de la Corte de Santiago que confirmó la sentencia del 30° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda de declaración de mera certeza respecto de su personalidad jurídica.

El 30° Juzgado Civil de Santiago dictaminó que, conforme a lo establecido en el artículo 73 del Decreto Ley N° 2756 de 1979, la organización denominada Unión de Trabajadores Portuarios de Arica, constituida por empleados de la Empresa Portuaria de Chile del Puerto de Arica, debió seguir rigiéndose por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil y en el Decreto N° 110 de 1979 y como consecuencia, una reforma a los estatutos con la finalidad de adecuarse a las normas sindicales, como la pretendida en la Asamblea del 30 de mayo de 1980, no podía prosperar jurídicamente, toda vez que, por una parte, contravenía las prohibiciones contenidas en los artículos 6 y 24 del Decreto N° 110 de 1979 y por la otra, pese a que igualmente fue realizada, no cumplió con los requisitos formales de validez, esto es, haber sido aprobada por el Presidente de la República mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial.

La Corte de Santiago señaló que, los argumentos esgrimidos en el libelo de apelación, no son suficientes para alterar lo que viene decidido en el fondo por el tribunal de primera instancia, con cuyos motivos, razonamientos y conclusión, la Corte coincidió.