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Vista de causa.

TC escuchó alegatos de fondo de inaplicabilidad que impugna norma del CPC que restringiría la participación de un tercero, en juicio ejecutivo contra Inmobiliaria.

El Pleno del Tribunal Constitucional no ha tomado acuerdo sobre el asunto, por lo que aun no se encuentra en estado de sentencia.

13 de agosto de 2020

En audiencia celebrada ante el Pleno del TC se escucharon los alegatos de fondo de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, del artículo 518 del Código de Procedimiento Civil.

El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso que “[en] el juicio ejecutivo sólo son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende: 1°. Dominio de los bienes embargados; 2°. Posesión de los bienes embargados;3°. Derecho para ser pagado preferentemente; o 4°. Derecho para concurrir en el pago a falta de otros bienes. En el primer caso la tercería se llama de dominio, en el segundo de posesión, en el tercero de prelación y en el cuarto de pago”.

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, en los que se le impide a la requirente a comparecer en calidad de tercero en una demanda a una Inmobiliaria, por el cobro de un pagaré falso por la suma de 3 mil 700 millones de pesos.

Se anunció para alegar, sólo por parte del requirente, el Abogado Manuel Jesús López Lara.

Cabe recordar que el requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, toda vez que la discriminación que se denuncia por los artículos cuya inconstitucionalidad se solicita, deviene en arbitraria, en la medida en que un análisis de la misma no satisfaga ningún “test de razonabilidad” que permita justificar la diferenciación que formula. En efecto, el “test de razonabilidad” constituye una guía metodológica que permite dar respuesta a una de las problemáticas más importantes surgidas con el principio de igualdad, a saber, dirimir el criterio relevante para establecer un trato desigual o, en otras palabras, si es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual, lo cual no ocurría en la especie, al impedirle al requirente comparecer en calidad de tercero.

Por su parte, el Pleno del Tribunal Constitucional aún no ha tomado acuerdo sobre el asunto, por lo que aún no se encuentra en estado de sentencia.

 

Vea texto íntegro del expediente Rol N° 8761-20.

Vea alegatos de las partes.

 

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