La Comisión Europea publicó el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, correspondiente al año 2019, en que se expone que realizó la Comisión para efectuar ese control y garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE y qué tal lo hicieron los Estados miembros en diversos ámbitos de actuación.
Acorde al informe, es importante para los ciudadanos que se apliquen medidas eficaces que garanticen el cumplimiento del Derecho de la Unión, pues tales medidas defienden los derechos y las ventajas que les otorga ese Derecho y que, de lo contrario, se les negarían. También es importante para las empresas, pues de esa manera se garantiza la igualdad de condiciones en todo el mercado interior.
Aunque el número de asuntos de infracción pendientes se mantuvo estable durante el último año, el número de asuntos de infracción nuevos aumentó más de un 20% en comparación con el año anterior. En 2019, Luxemburgo, Estonia y Lituania fueron los países contra los que se abrieron menos asuntos nuevos por transposición incorrecta o aplicación errónea del Derecho, mientras que España, Italia y Grecia presentaron la cifra más elevada.
Del Informe 2019, se advierte que la Comisión siguió garantizando con firmeza el cumplimiento de las normas en todos los ámbitos de actuación, dando prioridad a los que más influyen en la vida cotidiana de las personas y las empresas. Algunos de los principales ámbitos de actuación fueron el medio ambiente, el mercado interior, la industria, el emprendimiento y las pymes, junto con el transporte y la movilidad; de hecho, la mitad de los asuntos se refirieron a esos ámbitos. Así, por ejemplo, la Comisión emprendió acciones contra tres Estados miembros por una contaminación atmosférica excesiva, y contra otros cinco por no haber garantizado a los usuarios con discapacidad un acceso equivalente al 112, el número único europeo de urgencia.
La Comisión señala que es esencial que los Estados miembros transpongan las Directivas europeas a su ordenamiento jurídico nacional en los plazos acordados. Por ejemplo, durante el período estudiado, más de la mitad de los procedimientos de infracción guardaban relación con la transposición tardía de Directivas, aunque la cifra disminuyó ligeramente (de 419 asuntos en 2018 a 406 en 2019). Comparativamente, en los últimos cinco años, el mayor número de asuntos nuevos por transposición tardía se dio en 2016 (847).
Para facilitar la transposición correcta y dentro de los plazos establecidos, la Comisión ha seguido ayudando a los Estados miembros con planes de ejecución, sitios web específicos y documentos de orientación, e intercambiando las mejores prácticas en reuniones de grupos de expertos. Por lo que se refiere a la transposición tardía, los países contra los que se abrieron un mayor número de asuntos nuevos fueron Bulgaria, Bélgica, Grecia y Chipre, y contra los que menos, Dinamarca, Italia y Lituania. La Comisión siguió llevando ante el Tribunal de Justicia estos asuntos, con una petición de multas diarias de conformidad con el artículo 260, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluso llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE y pidió que se le impusieran sanciones económicas .
Concluyendo, el informe señala que para la Comisión es prioritario centrarse en los problemas en los que su acción para hacer cumplir la normativa puede marcar una verdadera diferencia y beneficiar a los particulares y a las empresas. En el reparto de responsabilidades entre las instituciones europeas, la Comisión Europea tiene la responsabilidad general de iniciar el proceso legislativo, mientras que el Consejo y el Parlamento Europeo se pronuncian sobre las propuestas de la Comisión. Por otro lado, los Estados miembros son responsables de aplicar, poner en ejecución y hacer cumplir de manera oportuna y correcta el Derecho de la Unión Europea dentro de su ordenamiento jurídico nacional. Finalmente, la Comisión cierra el círculo, ya una vez que las propuestas se adoptan y pasan a formar parte del Derecho de la Unión, controla que los Estados miembros lo apliquen correctamente y emprende acciones si no lo hacen.

Vea texto íntegro (en inglés) del Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, año 2019, de la Comisión Europea.

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