Retardo en la entrega al Servicio de Salud de las sustancias estupefacientes decomisadas se sanciona con una multa a beneficio fiscal al funcionario infractor.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa del condenado como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o drogas sicotrópicas en pequeñas cantidades, debido a que no se configura la causal de nulidad del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal que la defensa funda en que la sustancia presuntamente decomisada habría sido recibida en el Servicio de Salud tres días después de llevar a cabo la orden de entrada y registro en el domicilio del acusado, lo que no fue autorizado por el Juez de Garantía.

La Corte concluye que la infracción de garantías no se configura pues el recurrente sólo esgrimió la transgresión formal de un plazo legal, pero sin argumentar en cómo ello se traduce en una afectación relevante que haya impedido o perturbado el ejercicio del derecho del imputado a una investigación racional y justa, sin que producto de tal demora pueda sospecharse o temerse que la droga objeto de la pericia sea distinta a la incautada, o que de algún modo fue alterada en el ínterin, y que dicha sustitución o alteración tenga alguna relevancia en la configuración del delito imputado.

El fallo señala que del texto de los artículos 41 y 42 de la Ley N°20.000 resulta palmario que el legislador sólo ha establecido en forma expresa, como sanción para el incumplimiento por parte de la policía de lo dispuesto en el citado artículo 41, la imposición de una multa a beneficio fiscal al funcionario infractor, sin que el retardo en la entrega de las sustancias estupefacientes decomisadas constituya un vicio procesal que genere por sí solo la falta de validez de dicha evidencia, ni de las pruebas que puedan derivar de la misma. Finalmente, ni la ley ha exigido, ni tampoco parece razonable demandarlo -pues nada se ha dicho para así justificarlo-, que la entrega de la sustancia al Servicio de Salud sea realizada por el mismo funcionario policial que la incautó.