Falta de emplazamiento.
TRICEL inicia tramitación de recurso de queja deducido por el Partido Radical en contra del SERVEL.
El recurso señala que el Servicio Electoral erra gravemente al equiparar una notificación defectuosa con el emplazamiento necesario para sancionar al Partido Radical.

El Tribunal Calificador de Elecciones ha dado curso progresivo a la tramitación de un recurso de queja deducido por el Partido Radical, en contra del Director del Servicio Electoral (SERVEL), por faltas o abusos graves cometidos en la dictación de la resolución que rechazó un recurso extraordinario de revisión.
Indica, el partido recurrente que, presentó un recurso extraordinario de revisión en contra de la resolución del SERVEL que rechazó la rendición de gastos de Fomento de Participación Política de la Mujer; en el que explica cómo los fondos que le fueron transferidos para el fomento de la participación política de la mujer tienen la naturaleza jurídica de una subvención administrativa: se trata de fondos públicos afectos a un fin que en principio no deben restituirse mientras se destinen a dicha finalidad. Sólo si los recursos fueron objeto de una apropiación por el beneficiario o no han sido empleados en la finalidad fijada por la ley pueden aplicarse sanciones como herramientas de control. Sin embargo, mediante la resolución impugnada ante el TRICEL, el Director rechazó el recurso de revisión con evidente falta y abuso de sus facultades, toda vez que dicha resolución se justifica, primordialmente en que el Partido Radical habría sido notificado tácitamente de todas las resoluciones relativas a la rendición de gastos; ello, en virtud del artículo 73 de la LOCPP, y que éste no desvirtúo esa presunción legal.
De esta manera, explica el recurso, se incurre por parte del SERVEL en faltas o abusos (1) al hacer una interpretación manifiestamente errónea de lo que debe entender por “emplazamiento” para efectos del artículo 60 de la Ley N° 19.880, entendiéndolo como la simple notificación de las resoluciones y no como la necesidad de oír a los afectados por un acto administrativo negativo y; (2) al omitir completamente el análisis de la segunda de las causales aducidas (la del artículo 60 letra b), de la Ley N° 19.880), careciendo por tanto de toda fundamentación para su rechazo.
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