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Moción.

Proyecto de ley permite la fiscalización remota de las empresas de telecomunicaciones y eleva el monto máximo de multas.

A causa del incremento sustantivo de reclamos de los usuarios por la calidad del servicio.

30 de septiembre de 2020

La Moción, patrocinada por los Diputados René Manuel García, Leopoldo Pérez y Alejandro Santana, propone fortalecer las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para con las empresas proveedoras de telecomunicaciones (Subtel).

El proyecto señala entre sus fundamentos que el confinamiento ha llevado a que muchas personas realicen sus trabajos diarios desde casa y, que los estudiantes realicen sus labores académicas desde el mismo hogar, por lo que hoy en día el uso de internet del hogar es permanente. Dicha situación ha expuesto que el servicio de diversas empresas de telecomunicaciones han recibido numerosos reclamos por parte de sus usuarios, por el mal funcionamiento del servicio.

Ante esta realidad, la Subtel ha llevado un exhaustivo proceso de fiscalización a las empresas, pero a la hora de multar, las sanciones son muy bajas en consideración a las utilidades adquiridas de manera anual y al perjuicio que puede generar en millones de usuarios la caída de su servicio de internet.

A fin de cumplir con el objetivo, la iniciativa propone que se permita el acceso a todos los centros de control y monitoreo de las redes de los operadores del rubro a través de un acceso en línea, para así facilitar la labor fiscalizadora de la Subtel, mejorar el tiempo de respuesta y vigilancia de cada una de ellas respecto de las incidencias que afectan a los clientes de los servicios. Asimismo, aumenta el máximo permitido de las multas para radiodifusión a 1.000 UTM y, para todos los demás casos a 5.000 UTM, equiparando a otros mercados de igual naturaleza que cuentan con sanciones de mayor entidad que las contempladas por la Ley General de Telecomunicaciones. En este sentido, el aumento de la cuantía de las multas pretende ser un elemento disuasivo para corregir los comportamientos de los operadores de telecomunicaciones frente a problemas de calidad o falta de continuidad de sus servicios.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

Vea texto íntegro del Boletín Nº13803-09.

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