CGR determinó que no se advierte inconveniente en que se transfieran recursos a municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, el Senador Francisco Huenchumilla Jaramillo, quien consulta si resulta posible que el Gobierno entregue aportes a los municipios y a las organizaciones sociales de la sociedad civil, en el contexto del “Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo”, alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los partidos políticos de oposición el 14 de junio del presente año.

Al respecto, el ente contralor adujo que, en términos generales, las transferencias desde el sector público son traspasos de recursos que se efectúan para el financiamiento de acciones destinadas a cumplir determinadas actividades o fines específicos prefijados por la ley y detallados en el convenio, si lo hubiere, o en el acto administrativo que sanciona o aprueba la transferencia, y en las cuales no existe una contraprestación de bienes o servicios en beneficio del organismo público que hace entrega de los fondos (aplica dictámenes N°s. 38.921, de 2008 y 40.036, de 2013, de este origen).

Luego, el órgano fiscalizador expresó que, por su parte, el receptor de las transferencias puede ser un órgano o servicio público, o bien una persona natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado, según lo prevea el legislador presupuestario, en particular, en la respectiva asignación presupuestaria, la cual puede establecer o no un destinatario específico de los recursos.