El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que el aborto por malformación del feto es inconstitucional, donde actualmente existen solo cuatro causales para solicitar la terminación del embarazo: por malformación del feto, violación, incesto y amenaza para la salud y la vida de la madre. La causal de malformación del feto es la más usada para solicitar la interrupción del embarazo, correspondiendo al 98% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en el país el año pasado, según los datos oficiales.

Diputados del partido conservador Derecho y Justicia (PiS), deseaban suprimir el derecho al aborto en caso de malformación del feto, uno de los pocos motivos que autorizan a las mujeres a interrumpir el embarazo en este país de la Unión Europea (UE), donde es legal desde 1993 en los casos antes mencionados. Por ello, realizaron una moción ante el Tribunal para que la declarara inconstitucional.

El fallo del Tribunal señaló que la Ley de Planificación familiar, protección del feto y condiciones de admisibilidad para la interrupción del embarazo es inconsistente con la Constitución polaca. La ley permite que si las pruebas prenatales o por diagnóstico médico, indican una alta posibilidad de una severa e irreversible discapacidad del feto o una enfermedad incompatible con la vida, se puede abortar. Ante ello, el Constitucional dirimió sobre el hecho fundamental del conflicto de derechos, considerando que se está sacrificando la vida del feto, en contraposición a la protección de la vida que está por nacer establecida en la Carta Magna y, la posibilidad de que, contra todo pronóstico, pueda tener una vida normal. De tal manera, que ante la duda de que los diagnósticos sean errados, solo se permitirá el aborto basado en esta causa solo en caso de que, además, ponga en riesgo la vida de la madre.

Acorde a parte de la opinión pública y la Unión Europea, la sentencia sería otra demostración de la falta de independencia de los jueces. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos señala que, en los últimos cuatro años, todos los casos politizados se resolvieron en sintonía con la opinión del partido en el Gobierno. Las sucesivas reformas judiciales llevadas a cabo por Ley y Justicia desde la llegada del presidente Andrzej Duda en 2015 han enfrentado al Ejecutivo con la Unión Europea, que considera que estas ponen en peligro el Estado de derecho en el país al socavar la separación de poderes. En abril pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suspendió la actuación del órgano creado en 2017 para aplicar un régimen disciplinario a los jueces, ya que consideraba que este no garantizaba ni la independencia ni la imparcialidad del sistema.

 

Vea texto integro de la sentencia (en polaco) del Tribunal Constitucional de Polonia.