Diario Constitucional

Derecho a la honra y buen nombre.

CC de Colombia protegió derechos fundamentales a vigilante que era maltratado y humillado por administradora.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que se causó un daño al trabajador mediante la agresión verbal, el maltrato y el trato desconsiderado y ofensivo ejercido, al punto de ser despedido sin justa causa por su empleador.

Por Redacción·16 de noviembre de 2020·2 min de lectura
Durante un procedimiento laboral el empleador debe hacer presente la imposibilidad de reintegrar al trabajador y pagar las indemnizaciones que procedan, resuelve la Corte Constitucional colombiana.
Referencial

La Corte Constitucional de Colombia determinó que no se había incurrido en los defectos alegados por la accionante al negarse la pensión de sobreviviente y reconocerla a la compañera permanente del causante, con quien convivía al momento de su fallecimiento.

Respecto a los hechos, consta que un ciudadano suscribió con una compañía de seguridad un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año para desempeñarse como vigilante. Este aseguró que fue víctima de acoso laboral por parte de la administradora del conjunto residencial, pues lo gritaba e insultaba con frases como “muerto de hambre”, “su esposa puede estar muy enferma, pero eso no nos importa”, “usted no sirve para nada” e “incompetente”. Un día el trabajador no soportó más el maltrato y le exigió respeto a la administradora; circunstancia por la que fue retirado de su lugar de trabajo con el compromiso de ser reubicado en otro conjunto residencial. Tiempo después se le informó la terminación anticipada de su contrato y la no renovación del vínculo laboral, pese a que siempre dio aviso e informó a su empresa contratante sobre el acoso. Por estos hechos, el vigilante interpuso una tutela aduciendo la vulneración de sus derechos.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que se causó un daño al trabajador mediante la agresión verbal, el maltrato y el trato desconsiderado y ofensivo ejercido, al punto de ser despedido sin justa causa por su empleador. De ahí que el despido resultara ilegítimo, pues tuvo como fundamento la intención de evitar la visibilización de las situaciones de hostigamiento y acoso ejecutadas por la administradora del conjunto, con quien la compañía tenía un contrato de outsourcing de vigilancia.

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