Vicky Hernández y otros vs. Honduras.
Corte Interamericana de Derechos Humanos decreta medidas provisionales para la familia y la organización denunciante en el caso de mujer trans asesinada en Honduras.
La causa se inició tras el homicidio de una mujer transexual por parte de la policía.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado una resolución de Medidas Provisionales en el caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras, ya que las denunciantes del caso se han visto amenazadas por vía telefónica y presencial, temiendo por su seguridad. El caso en comento dice relación a la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, mientras estaba vigente un toque de queda. Se alega que su muerte fue fruto del presunto contexto de violencia y discriminación contra personas LGBT en Honduras, con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el golpe de Estado ocurrido en el año 2009.
La medida provisional se solicitó ya que el 11 de noviembre de 2020, una integrante de la organización Red Lésbica “Cattrachas” que defiende de los derechos de las personas trans, informó que mientras se encontraba en desarrollo la audiencia pública del caso en comento, había sido increpada e insultada en la calle mientras se encontraba saliendo de su auto. El mismo día, la madre de Vicky recibió llamadas telefónicas de una persona que se identificó como representante de la Policía Nacional de Honduras, el que le manifestó que había inconsistencias en la investigación del caso de su hija. Agregaron que se le indicó a ese individuo que lo que “él estaba haciendo constituía una forma de hostigamiento que estaba prohibido”, llamada fue reconocida por la Policía, aunque esta expuso que no perseguía una finalidad intimidatoria.
A través de la medida provisional, la Corte Interamericana requirió al Estado de Honduras que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los familiares de Vicky Hernández, así como de los integrantes de la organización Red Lésbica “Cattrachas”, la cual se encuentra litigando el caso ante la Corte. A su vez, el Estado deberá darles participación a las beneficiarias en la planificación e implementación de estas medidas de protección y mantenerlas informadas sobre el avance de su ejecución.
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