Se ha dirigido a la Contraloría General de la República, los diputados don Jorge Alessandri Vergara y don Tomás Fuentes Barros, solicitando se informe sobre si el aporte fiscal previsto en la ley N° 21.252 -conocido como “bono clase media”- pudo ser obtenido por funcionarios públicos, así como acerca de las medidas adoptadas respecto de los empleados públicos y, particularmente, de los pertenecientes a esta Entidad de Control, que hubieren recibido el mencionado aporte.
Al respecto, el ente contralor adujo que, atendido que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo y, particularmente, que el SII no ha determinado la situación concreta de cada uno de los funcionarios públicos hasta la fecha, esta Contraloría General señaló que no resultaba procedente la adopción de medidas disciplinarias, por ahora.
Enseguida, el órgano fiscalizador expresó que, lo anterior, por cuanto establecer responsabilidades administrativas sin que el SII haya definido la situación particular de cada funcionario implicaría, en los hechos, trasladar a los fiscales administrativos de cada órgano la determinación del cumplimiento de los requisitos para acceder al aporte fiscal, invadiéndose las atribuciones del anotado Servicio, a quien el legislador le otorgó competencia en la materia, sin perjuicio de las facultades de control de esta Contraloría General.
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A continuación, el dictamen expone que, del mismo modo, como se indicó en la aludida Comisión permanente, esta Entidad Fiscalizadora se encuentra desarrollando una auditoría al proceso de entrega del aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media, solicitado en el mes de agosto del año 2020 en la plataforma dispuesta en la página web del SII, para efectos de verificar la implementación de controles que permitieran asegurar la adecuada tramitación de las solicitudes, así como la existencia de validaciones de los requisitos exigidos por la normativa que lo regula.
Finalmente, Contraloría manifestó que, en suma, como se informó en su oportunidad, la ley N° 21.252 no impidió a los funcionarios públicos acceder al anotado aporte, siendo necesario esperar la finalización del procedimiento que está desarrollando el SII, así como la auditoría en ejecución, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas respecto de los funcionarios que obtuvieron el bono clase media sin cumplir con los requisitos legales.