Por unanimidad.
TC declara admisibilidad de inaplicabilidad presentada por tres empresas, que impugnan norma que restringiría impugnación de ciertas resoluciones del Tribunal de Libre Competencia.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugna el artículo 31, inciso final, del Decreto Ley N° 211, que fija normas para la Defensa de la Libre Competencia.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de hecho, seguido ante la Corte Suprema, en los que las tres empresas requirentes dedujeron dicho recurso en contra de una resolución dictada por el Tribunal de Libre Competencia.
Las empresas requirentes estiman que el precepto impugnado infringiría el debido proceso, toda vez que la infracción constitucional se verificará cuando la Corte Suprema se pronuncie respecto del recurso de hecho interpuesto por las requirentes en la gestión pendiente ante ella. Enfrentada a ese escenario, la Corte Suprema no tendrá otra opción que rechazar dicho recurso de hecho por improcedente, en tanto así lo dispone la ley cuya inconstitucionalidad se pide declarar en este recurso de inaplicabilidad, esto es, el inciso final del artículo 31 del DL N° 211.Por tanto, la norma cuya declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita impide a las requirentes recurrir de reclamación, de acuerdo a la disposición contemplada en el artículo 31 inciso final del DL N° 211.
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TC deberá conocer sobre el fondo de inaplicabilidad que impugna norma del Decreto que fija normas para la Defensa de la Libre Competencia, en causa en la que se acusa a dos empresas de colusión con el objeto de elevar precios.

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