Tema
Cobranza laboral y derecho a defensa
La Primera Sala del Tribunal Constitucional deberá resolver la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de Cerro Navia contra el artículo 429 del Código del Trabajo, que impide declarar el abandono del procedimiento en los…
22 de octubre de 2026
Anatocismo
La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite un requerimiento de Isapre Nueva Masvida que solicita declarar inaplicable la norma que ordena capitalizar mensualmente los intereses por cotizaciones previsionales impagas. La resolución confirió traslado a las partes de la gestión…
21 de octubre de 2026
Cobranza previsional
La institución sostiene que fue requerida de pago sin conocer íntegramente la demanda ni el título ejecutivo que originó el cobro, lo que le habría impedido ejercer adecuadamente su defensa. La parte requerida pidió declarar inadmisible la impugnación, alegando jurisprudencia previa sobre la constitucionalidad de la limitación recursiva. Al declarar admisible el requerimiento el Tribunal se pronunciará sobre el fondo de la impugnación.
12 de julio de 2026
Procedimiento monitorio laboral
La Segunda Sala declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 501 inciso tercero del Código del Trabajo. La requirente sostiene que la norma puede afectar el debido proceso y el derecho al recurso, al permitir que una sentencia monitoria no contenga el análisis completo de la prueba rendida.
09 de julio de 2026
Inapelabilidad en ejecución
La Primera Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 472 del Código del Trabajo, que establece la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el procedimiento ejecutivo laboral, en una causa de cumplimiento donde se discute si esa regla impide la revisión judicial de una resolución que acogió el abandono del procedimiento.
02 de julio de 2026
Tribunal pleno se pronunciará
La acción impugna el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, en una causa por indemnización contra el Estado por presuntas torturas, donde el actor sostiene que la exigencia legal impide suspender el juicio civil pese a la incidencia directa de una investigación penal aún en curso
06 de abril de 2026
D.L. N° 2.695, de 1979
El órgano estimó que la acción de inaplicabilidad carece de fundamento plausible, al intentar cuestionar la aplicación concreta de la ley y no el contenido normativo del D.L. N° 2.695, reafirmando que esta vía no permite revisar decisiones judiciales ni hechos del proceso
05 de abril de 2026
Ministerio Público bajo revisión
La acción cuestiona la aplicación del artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal por estimar que vulnera el debido proceso y el derecho de la víctima a ejercer la acción penal, en una causa por violencia innecesaria contra un menor en Copiapó.
23 de marzo de 2026
Inaplicabilidad por
El artículo 231 del Código Penal, en la expresión objetada, vulneraría los principios de proporcionalidad, de legalidad penal, tipicidad, la igualdad ante la ley y debido proceso, al no establecer qué debe entenderse por perjuicio ni calificar la gravedad de éste para efectos de fijar la sanción aplicable
15 de marzo de 2026
Inaplicabilidad por
La acción cuestiona los artículos 4 bis y 8 de la Ley N°17.322 por estimar que restringen el abandono del procedimiento y limitan el recurso de apelación en juicios de cobranza previsional. La AFC solicitó declarar inadmisible el requerimiento por tratarse —a su juicio— de normas ya declaradas constitucionales y carecer la impugnación de fundamento plausible
13 de marzo de 2026
Debido proceso y derecho al
La acción impugna el artículo 472 del Código del Trabajo, al estimar que impediría revisar por un tribunal superior la resolución que declaró el abandono del procedimiento en un juicio ejecutivo laboral, lo que —según el requirente— vulneraría el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
10 de marzo de 2026
Declaró admisible impugnación
El requirente sostiene que la prohibición de solicitar del abandono del procedimiento vulnera el debido proceso, la prohibición de apremios ilegítimos y la igualdad ante la ley. Argumenta que la modificación legal carece de fundamentos racionales y crea una distinción arbitraria entre quienes son parte en procedimientos pesqueros y otros procesos civiles.
03 de junio de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La Superintendencia de Salud alega que la norma vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso desde que no le permite reclamar de ilegalidad contra una decisión del CPLT que ordenó entregar información solicitada por un particular.
11 de mayo de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente sostiene que el precepto impugnado produce resultados contrarios a la Constitución en el caso concreto, al establecer una discriminación arbitraria, infringiendo la igualdad ante la ley, pues genera un trato desigual hacia los demandados en juicios ejecutivos laborales, ya que impide recurrir ante el tribunal superior jerárquico con la finalidad de revisar las resoluciones de los tribunales inferiores.
23 de marzo de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente alega que la norma objetada vulnera la Constitución al crear un tributo arbitrario, contraviniendo el derecho a un procedimiento racional y justo, el principio de igualdad ante la ley y el principio de reserva legal.
20 de marzo de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al generar una desventaja procesal injustificada que vulnera el derecho a la defensa, la igualdad procesal y el derecho a ser oído de la requirente.
27 de febrero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al introducir una distinción arbitraria entre los derechos de los particulares y los órganos de la Administración en cuanto a la capacidad para reclamar de decisiones de acceso a la información pública, negándoles esta posibilidad cuando la denegación de información se basa en la causal de secreto o reserva relacionada con el cumplimiento de sus funciones, mientras que los solicitantes de información sí pueden recurrir.
21 de febrero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al introducir una diferencia arbitraria entre las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento por infracción a la Ley N° 18.892, y aquellas otras personas que sean parte en otros procedimientos civiles, y que sí están habilitadas para solicitar el abandono del procedimiento.
16 de febrero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente sostiene que el precepto impugnado produce resultados contrarios a la Constitución en el caso concreto, al negarle la posibilidad de utilizar el instrumento procesal del abandono del procedimiento, coartando su derecho a defensa, ya que restringe o limita su ámbito de acción, sin que pueda acudir a la totalidad de los mecanismos de impugnación previstos en la ley en pro de la adecuada representación de sus intereses en el juicio.
14 de febrero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente plantea que la aplicación de la disposición impugnada, en su versión vigente a la fecha de los hechos materia de la gestión pendiente, vulnera el derecho de propiedad, al establecer un mecanismo que, bajo el pretexto de regular la actividad bancaria, resulta en la apropiación forzada de bienes sin la debida compensación, lo que se asemeja a una expropiación encubierta.
18 de enero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
El requirente señala que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente genera una situación de desamparo e indefensión, al prohibir a la Corte Suprema revisar ciertos abusos, como los derivados de un recurso de queja previo.
16 de enero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente genera efectos contrarios al ordenamiento constitucional, puesto que obliga al empleador a designar como mandatario para absolver posiciones exclusivamente a los representantes señalados en el artículo 4° del Código del Trabajo, lo cual afecta su derecho a una defensa efectiva y equilibrada.
15 de enero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente vulnera la igualdad ante la ley, ya que conlleva a diferencias arbitrarias en los ajustes de precios para afiliados con planes idénticos. También señala que favorece injustificadamente a la ISAPRE, al otorgarle la facultad de modificar unilateralmente los contratos, mientras que los afiliados no pueden mantener sus condiciones originales. Finalmente, afirma que el precepto transgrede su derecho a elegir el sistema de salud, pues las opciones ofrecidas no incluyen conservar el plan en los términos inicialmen
06 de enero de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente sostiene que los preceptos impugnados harían responsable al representante legal de la sociedad deudora por la que giro el cheque, atribuyéndole responsabilidad civil solidaria como “girador formal del cheque”, lo que infringe los artículos 1, 19 Nº 3 y 24 de la Constitución.
26 de diciembre de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente sostiene que la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente, producen graves infracciones constitucionales, específicamente al Principio de Proporcionalidad.
13 de diciembre de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.
La requirente sostuvo que en el caso concreto, la aplicación del precepto legal impugnado restringe injustificadamente diversos derechos constitucionales, incluidos el derecho al debido proceso, a la libertad económica, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.
13 de diciembre de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.
El requirente alega que se vulnera el debido proceso, el derecho al recurso y a la tutela judicial al impedir que la Corte de Apelaciones pueda conceder orden de no innovar, como también la esencia de los derechos y garantías constitucionales conculcados por aplicación del precepto legal impugnado
12 de septiembre de 2024
La impugnación se admitió a trámite con suspensión.
La sanción establecida al efecto resulta desproporcionada para los fines perseguidos, toda vez que evidencia el abuso de la demandante de persistir en el cobro lo que produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras vulneraciones de garantías constitucionales.
22 de agosto de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad se admitió a trámite con suspensión.
Su aplicación transgrede principios fundamentales del ordenamiento jurídico, tales como, los principios Non bis in ídem, de no enriquecimiento injusto y de Proporcionalidad, e infringen también diversos derechos y garantías fundamentales.
21 de agosto de 2024
Se admitió a trámite con suspensión.
Al establecer el precepto impugnado que sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social, se vulnera la garantía de un procedimiento racional y justo, la igualdad ante la ley en la medida que deja sin aplicación el régimen de recursos que al que el litigante en cualquier otro proceso tendría acceso.
15 de agosto de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.
La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de nulidad al resolver que la sentencia del Tribunal Ambiental no corresponde a una sentencia definitiva porque versa sobre la revisión de un acto trámite y no terminal, pues no recae sobre el fondo de la controversia. La requirente argumenta que la limitación recursiva vulnera su derecho al debido proceso, específicamente el derecho al recurso, y esto genera una discriminación arbitraria al privarla de un recurso efectivo en contra de sentencias dictadas por los tribunales ambientales, lo que afecta también la esencia de su derecho al debido
12 de agosto de 2024
Se admitieron a trámite con suspensión.
Los requirentes alegan que la aplicación de estos preceptos atenta contra la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva de los derechos, el derecho a la acción contra actos Administrativos entre otras garantías constitucionales.
22 de junio de 2023
Impuesto a la renta.
La requirente estima que la norma legal impugnada crea tributos manifiestamente desproporcionados e injustos y contraviene la igualdad ante la ley.
19 de mayo de 2023
Requerimientos declarados admisibles.
La requirente alegó que se le aplica una sanción múltiple que tiene efectos desproporcionados y atentatorios a su derecho de propiedad, entre otras vulneraciones a garantías constitucionales.
26 de abril de 2023
Requerimiento de inaplicabilidad se declaró admisible.
El requirente estima que la restricción de causales para reclamar el avalúo fiscal establecido por el SII vulnera el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley, entre otras garantías fundamentales.
19 de abril de 2023
TC debe pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento.
Requirente alega que vulneran la garantía del debido proceso, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la presunción de inocencia, entre otras garantías constitucionales.
15 de abril de 2023
Con votos en contra.
El requirente estima que constituyen organizaciones políticas no toleradas por la Constitución.
18 de marzo de 2023
Presentados por Chile Vamos y Demócratas.
En caso que los requerimientos se declaren admisibles, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse luego sobre el fondo de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.
17 de enero de 2023
Confirió traslado a las partes en la gestión pendiente.
El requirente sostiene que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
06 de octubre de 2022
Se declaró admisible y confirió traslado sobre el fondo de la impugnación.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia atentatoria de derechos, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
29 de septiembre de 2022