Personas e instituciones interesadas.
TC celebrará audiencia pública en requerimiento de inconstitucionalidad deducido por el Presidente Piñera respecto de reforma constitucional que permite segundo retiro del 10% de las AFP.
Podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto jurídico-constitucional que deberá resolver la Magistratura.

El Tribunal Constitucional citó a audiencia pública en el requerimiento de inconstitucionalidad, deducido por el Presidente de la República, respecto del proyecto que modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales, en las condiciones que indica.
La audiencia se celebrará el día miércoles 16 de diciembre de 2020, a las 12:30 horas, y en ella podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto jurídico-constitucional que deberá resolver la Magistratura Constitucional, conforme a los términos indicados en la resolución que los convoca, y que previamente hayan efectuado por escrito sus observaciones o acompañado antecedentes especializados sobre la materia, solicitando además ser oídos en la audiencia, mediante presentación que deberán ingresar hasta el día lunes 14 de diciembre de 2020, a las 18:00 horas.
Cabe recordar que el Presidente estima que el proyecto de reforma constitucional impugnado infringiría el artículo 127 de la Constitución Política, toda vez que dicho proyecto ha sido y está siendo tramitado y aprobado infringiendo severamente las normas y el Capítulo XV de la Carta Fundamental, en particular el artículo 127, pues incorpora i aprueba mediante una Disposición Transitoria una reforma implícita de la Constitución que no respeta el procedimiento, las formas ni los quórums que la Carta Fundamental exige para reformar sus capítulos y normas. Asimismo, el requerimiento argumenta que se vulnera el derecho a la seguridad social consagrado en virtud del artículo 19 N° 18 de la Constitución, puesto que el constituyente le encomendó al legislador de un quórum calificado la regulación de este derecho. Ello no implica que el derecho a la seguridad social sea un “continente sin contenido”, sino que le entrega libertad a la ley para que dentro de aquellos márgenes y fines que el constituyente estableció establezca la regulación que cumpla con ese objetivo.
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