El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a cinco exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño, aplicación de tormentos y violación de una prisionera política de Valparaíso.
El magistrado encausó a los exagentes Carlos Herrera Jiménez, Roberto Cartes Candia, Fernando Mc Farlan Aravena y Manuel Frez Torres por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en contra de Janet Jofré Waghorn, hecho ocurrido en octubre de 1983.
En tanto Humberto González Pastén fue encausado por su responsabilidad como autor de secuestro con grave daño, aplicación de tormentos y violación.
En esta etapa procesal el ministro Arancibia Pinto logró establecer que de los antecedentes reseñados en el considerando precedente demuestran que la víctima Janet Jofré Waghorn fue detenida en el 27 de octubre de 1983 desde su domicilio ubicado calle Gran Bretaña, Valparaíso, por agentes del Estado. La sacan de este inmueble a punta de metralleta, la esposan junto a otra detenida, la suben a un auto, ponen una frazada encima de ellas, siendo trasladadas a un lugar que sintió que abrieron unas rejas, percatándose después que era el cuartel de la CNI ubicado en calla La Habana. En este lugar es interrogada y torturada en reiteradas ocasiones, con golpes contundentes en su cabeza, oído y en su cuerpo, como también fue sumergida en una tina con agua, tortura llamada submarino, fue objeto de abusos sexual reiterado, le aplicaron corriente eléctrica en un catre metálico, denominado –la parrilla- la tenían desnuda, mantuvo siempre su vista vendada.
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Luego de cinco días de haber estado en ese cuartel de la CNI es trasladada a la Fiscalía Naval, siendo condenada a tres años y un día, con pena remitida, por los delitos de: ley Antiterrorista y por Ley de Armas. A consecuencia de los golpes resultó de acuerdo al informe físico Protocolo de Estambul con «síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas y las alegaciones del abuso». Y de acuerdo al informe psicológico Protocolo de Estambul resultó «con evidencia afectación en las áreas emocional, familiar, social y psicosexual, como consecuencia de los hechos denunciados». De esta manera se configuran los delitos de: Detención ilegal, Secuestro con Grave Daño, Aplicación de Tormentos y violación.
El ministro Arancibia Pinto ordenó el arresto domiciliario debido a la emergencia sanitaria del COVID 19 y atendida su edad, excepto Carlos Herrera Jiménez quien cumple condena por otras causas de derechos humanos en el Centro de Cumplimiento de Punta Peuco.