CGR desestimó solicitud efectuada por Municipalidad de Huechuraba para que se reconsiderara dictamen que estableció que no compete a los alcaldes ordenar apertura o cierre de centros comerciales.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Huechuraba, solicitando la reconsideración del dictamen N° E8935, de 2020, por el cual se resolvió que no compete a los alcaldes ordenar la apertura o cierre de centros comerciales, y que corresponde a las secretarías regionales ministeriales de salud (SEREMIS) fiscalizar las medidas sanitarias adoptadas por el brote de COVID-19.

Funda su petición la recurrente en el deber de proteger la vida y la salud de los habitantes de la comuna, en cumplimiento del artículo 19, N° 1, de la Constitución Política, que asegura a las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y protege la vida del que está por nacer.

Agrega que, según su parecer, el dictamen de la especie no recoge las normas que la habilitan para suspender en forma transitoria el funcionamiento de los malls y patios de comidas en áreas cerradas dentro del territorio comunal, exceptuados los supermercados, minimarkets, farmacias, laboratorios clínicos, consultas médicas, bancos y ópticas que operen al interior de dichos establecimientos, tales como los artículos 4°, 5°, 12 y 63, todos de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, disposiciones legales que no se encontrarían limitadas en su aplicación por la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública.