Corte de Santiago condena a exagentes de la DINA por secuestro de miembros del comité central del PS.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro de los miembros del Comité Central del Partido Socialista de Chile (PS) Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Jaime Eugenio López Arellano, Carlos Enrique Lorca Tobar, Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios, Rosa Elvira Soliz Poveda y Adolfo Ariel Mancilla Ramírez. Ilícitos perpetrados entre marzo y diciembre de 1975.

En sentencia, Rol Nº 583-2019, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jenny Book, Verónica Sabaj y Paula Rodríguez– condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña Garrido, Rolf Wenderoth Pozo y Manuel Carevic Cubillos a 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos de carácter de crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal señala que, los hechos asentados en la sentencia recurrida necesariamente deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad, tal como se sostiene en la motivación décima. En efecto, los crímenes de lesa humanidad encuentran su origen más remoto en los preámbulos de Convenios de la Haya sobre las Leyes y costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. A partir de ese momento, se fue desarrollando este concepto, consagrándose en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, convenido en el Acuerdo de Londres por las Potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial el 8 de agosto de 1945. Por su parte, los crímenes de guerra también se consagran en dicho Estatuto y, posteriormente, en los mencionados Convenios de Ginebra de 1949. En consecuencia, el hecho tenido por cierto en la sentencia en alzada es punible en virtud de la predominancia del derecho internacional por sobre el nacional, lo que se traduce en que aquellos tratados que reconocen y garantizan derechos humanos tienen un rango constitucional, debiendo, por ende, primar por sobre la normativa de derecho común de menor rango legal.